El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, propuso instalar tribunales móviles en las cárceles con mayores niveles de hacinamiento, como parte de las medidas que pretende impulsar durante sus primeros 100 días de gestión para agilizar los procesos judiciales y reducir los aplazamientos de audiencias.
La iniciativa contempla una estrategia conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública para trasladar los tribunales a los centros penitenciarios y evitar las dificultades que supone llevar a las personas privadas de libertad hasta las salas de audiencia.
"Lo que se había denominado los tribunales móviles y ubicarlos en las cárceles que tengan más congestionamiento como una estrategia conjunta, tanto del Ministerio Público como de Defensa Pública", explicó Montero al presentar la propuesta.
El magistrado señaló que esta modalidad ya se había implementado anteriormente y que, según su valoración, produjo resultados positivos. Consideró que retomarla permitiría reducir los inconvenientes que enfrentan los imputados y sus familiares cuando las audiencias se aplazan por problemas relacionados con los traslados.
"Esa es una idea que también la hemos concebido y que en un momento determinado se aplicó con muchísimos éxitos y hubo muy buenos resultados", expresó.
La propuesta también contempla facilitar el traslado del personal judicial y la participación de las víctimas y los testigos en las audiencias, con el propósito de evitar interrupciones en los procesos.
"Nosotros vamos a buscar cómo proveer que el traslado de ese personal judicial llegue sin ningún contratiempo e inclusive apoyar las víctimas y testigos que tuviesen que ir para que los procesos fluyan de manera sistemática y adecuada", indicó.
Acuerdos para casos de menor gravedad
Otra de las iniciativas anunciadas por Montero consiste en promover una cultura de acuerdos y conciliaciones en los procesos judiciales de menor gravedad, para evitar la imposición de sanciones que, a su juicio, resulten desproporcionadas en relación con el tipo de delito cometido.
La propuesta también se desarrollaría desde una mesa de gobernanza penal, con la que se buscaría impulsar mecanismos alternativos para resolver determinados conflictos sin que necesariamente terminen en penas de prisión.
"Una cultura de arreglo, una cultura de conciliaciones para que no tengan que ser sometidos a lo que son sanciones que son desproporcionales en función del tipo de delito", sostuvo.
El presidente de la SCJ también se refirió a las limitaciones del sistema penitenciario para cumplir sus objetivos de reeducación y reinserción social. En ese contexto, consideró que deben tomarse en cuenta las consecuencias de enviar a prisión a personas involucradas en determinados casos.
Comisión dará seguimiento a las propuestas
Para procurar que las iniciativas anunciadas se ejecuten, Montero informó que designó una comisión de seguimiento integrada por dos funcionarios y un consejero, que tendrá la responsabilidad de presentar informes sobre el cumplimiento de las medidas.
El magistrado explicó que busca establecer mecanismos de supervisión para evaluar los avances y evitar que los compromisos de los primeros 100 días de gestión se queden únicamente en anuncios.
"De esos puntos he procedido a designar una comisión de seguimiento para ver que efectivamente se vayan cumpliendo con toda la eficacia y con toda la eficiencia", manifestó.
Agregó que los integrantes de la comisión deberán presentar las informaciones correspondientes sobre el desarrollo de las propuestas.
"No nos quedemos simple y llanamente en el limbo y en la ineficacia", expresó Montero al referirse a la importancia de dar seguimiento a las acciones anunciadas.
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