El empresario José Pablo – el Gordo – Ortiz Giráldez, no imputado en la operación Cobra, figura en el expediente del caso Senasa como presunto intermediario en un esquema de sobornos que involucra a funcionarios y empresarios actualmente imputados.
La acusación del Ministerio Público identificó a Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa, como imputado central del caso, junto al empresario Eduardo Read Estrella.
Según el expediente, Ortiz Giráldez mantenía una relación de confianza con Hazim Albainy y habría actuado como enlace operativo para la recepción y canalización de fondos provenientes de empresas contratistas del sistema de salud.
Entre las evidencias citadas se incluyó la adquisición de un vehículo Lincoln Navigator 2020, presuntamente entregado por Ortiz Giráldez a Hazim Albainy, utilizando una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Ortiz Giráldez como intermediaria financiera.
El vehículo fue declarado por Hazim Albainy ante la Cámara de Cuentas con un valor de RD$ 6,724,575, señalando como fecha de adquisición el 29 de junio de 2020.
El Ministerio Público sostuvo que, para esa fecha, Hazim Albainy aún no había sido designado oficialmente en Senasa, aunque ya disponía de información anticipada sobre su futura designación.
Mano derecha de Hazim
El Ministerio Público, en el documento de la solicitud de medida de coerción de la operación Cobra describió a Ortiz Giráldez como la “mano derecha” de Hazim Albainy para la recepción y manejo de fondos vinculados al esquema de sobornos investigado en la operación.
El expediente también señaló que Ortiz Giráldez habría servido como canal de comunicación para exigir pagos a empresas proveedoras, bajo advertencias de rescisión contractual.
En el caso de Nutri-Med Marine Alvarado SRL, la imputada Cinty Acosta Sención declaró que los pagos equivalentes al 30 % de los montos facturados se realizaban tras cada desembolso de Senasa.
Inicialmente, los pagos se habrían efectuado en efectivo, y posteriormente mediante contratos de servicios simulados, según la acusación.
Para estos fines, se utilizó la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL, representada por Ortiz Giráldez, sin que existieran servicios reales documentados.
A través de esta empresa se habrían canalizado aproximadamente RD$ 529 millones, de acuerdo con las autoridades.
El expediente indicó que, tras hacerse pública la investigación del caso Calamar, Ortiz Giráldez dejó de fungir como intermediario directo, produciéndose un relevo operativo dentro de la estructura descrita.
En esa etapa, el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, director jurídico de Senasa, asumió el rol de receptor directo de los pagos ilícitos, recibiendo más de RD$ 536 millones en efectivo, según la acusación.
En otro apartado del expediente, se describe una reunión entre Ortiz Giráldez y el imputado Eduardo Read Estrella, en la que se habría planteado una exigencia de pagos porcentuales como condición para la continuidad contractual con Senasa.
Según el expediente del Ministerio Público, Ortiz Giráldez declaró a las autoridades que cuando el Senasa realizaba pagos a empresas contratistas, el imputado Hazim Albainy le informaba que “había llovido”, una expresión utilizada para indicar que debía proceder al cobro de los sobornos.
El documento establece que Ortiz Giráldez convertía el 90 % de los fondos recibidos a dólares estadounidenses y los entregaba personalmente a Hazim Albainy en lugares discretos, como vehículos, restaurantes y apartamentos alquilados en la Torre Arpel, mientras retenía una comisión del 10 %, conforme a lo consignado en la investigación.
El expediente incluye un acta de entrega voluntaria realizada por José Pablo Ortiz Giráldez el 3 de diciembre de 2025 ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que contiene como anexos copias de facturas fiscales emitidas por las empresas PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L. y OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL correspondientes a servicios de promoción de salud, médicos y vacunación.
El Ministerio Público recogío que Ortiz Giráldez declaró haber recibido fondos de las empresas KHERSUM y NUTRIMED, exigidos por el imputado Hazim Albainy, y que además se realizaron transferencias por US$ 83,000 desde empresas vinculadas para la compra de un reloj Rolex destinado a Hazim Albainy, según consta en la documentación incorporada al expediente.
Aunque Ortiz Giráldez no figura como imputado en el proceso, el Ministerio Público lo señala como operador de intermediación dentro del esquema descrito en la acusación.
Operación Calamar
Ortiz Giráldez figura como vinculado en el expediente del caso Calamar como parte de una estructura no gubernamental utilizada para realizar cobros ilegales a través del Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, dicha estructura habría sido utilizada por el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz y operó mediante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.
El expediente señaló que Ortiz Giráldez integraba esa estructura junto a Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña.
Las autoridades sostienen que el esquema funcionó durante el período 2016-2020, gestionando procesos de cobros irregulares desde instancias estatales.
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