El Instituto Duartiano expresó preocupación por la autorización que permite a Estados Unidos operar naves militares en áreas restringidas de aeropuertos dominicanos.
El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, calificó la concesión como “comprometedora” y advirtió que podría afectar la soberanía nacional.
Gómez Ramírez recordó que los acuerdos bilaterales de 1995 y 2003 contra el tráfico ilícito de drogas están condicionados al respeto del orden constitucional y al interés nacional.
El dirigente señaló que la colaboración internacional contra el crimen organizado no debe justificar la omisión de los límites establecidos en el artículo 3 de la Constitución.
El artículo citado declara la inviolabilidad de la soberanía dominicana y prohíbe cualquier forma de intervención extranjera directa o indirecta.
El presidente del Instituto Duartiano advirtió que la medida “se aproxima” a acciones reservadas para escenarios de estado de excepción, según el artículo 262 de la Carta Magna.
La institución pidió garantizar que la cooperación militar no desvirtúe su propósito y se limite estrictamente al combate del crimen transnacional en el ámbito aéreo y marítimo.
Gómez Ramírez insistió en que la conducción de operaciones dentro del territorio debe recaer en autoridades dominicanas.
Finalmente, recordó que el protocolo de 2003 establece que cualquier fuerza utilizada bajo ese acuerdo debe ajustarse a las leyes nacionales y aplicarse en su mínima expresión necesaria.
Un acuerdo “temporal”
El presidente Luis Abinader afirmó ayer lunes que el convenio que autoriza a Estados Unidos a utilizar espacios aéreos y áreas de la base aérea dominicana es temporal, con vigencia hasta abril de 2026, y recordó que el acuerdo original fue firmado en 1995 y ratificado en 2003 como parte de la cooperación contra el narcotráfico en acciones de interdicción.
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