La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez ha quedado vinculada en los últimos meses a dos casos distintos que han generado atención pública: la muerte de Rebeca Brizard tras una cirugía estética practicada en una clínica de su propiedad y, posteriormente, su inclusión en la investigación conocida como Senasa 2.0. Ambos procesos colocan a la especialista en el centro de investigaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud.
El primer caso ocurrió en julio de 2026, cuando Brizard falleció luego de someterse a una intervención estética en la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este.
Las autoridades determinaron posteriormente que el procedimiento habría sido realizado por Emanuel Hernández, un hombre que no contaba con título médico ni acreditación para practicar cirugías y que se desempeñaba como barbero.
Meses después, en septiembre de 2026, el nombre de Basora volvió a ocupar la atención pública al ser vinculada por el Ministerio Público a la investigación de la denominada Operación Cobra 2.0-A, relacionada con un presunto esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Quién es Griselda Basora
La doctora Basora Ramírez es una médica especializada en ginecología y obstetricia y, según ha planteado su defensa, cuenta con alrededor de 45 años de ejercicio profesional.
Su nombre también aparece asociado al Centro Médico Universal, institución donde presta servicios profesionales y que, tras conocerse su vinculación con Senasa 2.0, aclaró públicamente que cualquier actuación realizada por la doctora fuera del ámbito del centro no compromete la responsabilidad de esa entidad.
Basora también figura como propietaria y directora médica de la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, establecimiento donde ocurrió la muerte de Rebeca Brizard.
La muerte de Rebeca Brizard
El caso que primero colocó a Basora bajo escrutinio ocurrió a finales de julio de 2026. Rebeca Brizard, de 27 años, murió después de someterse a un procedimiento estético en la clínica propiedad de la doctora, localizada en Alma Rosa I. Las investigaciones establecieron que la intervención habría sido practicada por Emanuel Hernández, quien no era médico ni cirujano plástico acreditado.
Las autoridades sanitarias informaron que Hernández había trabajado previamente junto a un cirujano plástico certificado, pero posteriormente habría comenzado a realizar procedimientos para los cuales no estaba autorizado.
Tras el fallecimiento, el centro fue inspeccionado y las autoridades detectaron que funcionaba sin la habilitación correspondiente para realizar procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, la clínica fue clausurada.
Barbero habría realizado otras cirugías en la clínica
Uno de los elementos que llamó mayor atención durante la investigación fue que Hernández no habría practicado únicamente la cirugía de Brizard. Según las informaciones ofrecidas durante las pesquisas, la propia Basora comunicó a las autoridades sanitarias que Hernández habría realizado al menos otros dos procedimientos previamente en el establecimiento.
Ese dato llevó a ampliar las investigaciones sobre las condiciones bajo las cuales operaba el centro y los controles utilizados para permitir la realización de cirugías.
Las autoridades también establecieron que el establecimiento aparentaba ofrecer tratamientos estéticos y masajes, aunque en su interior funcionaba un área destinada a procedimientos quirúrgicos.
Meses después aparece en Senasa 2.0
La situación de Basora volvió a generar atención en septiembre, cuando su nombre apareció entre las personas investigadas dentro de la Operación Cobra 2.0-A.
En el caso específico de Basora, las autoridades investigan reclamaciones médicas asociadas a pacientes que habrían negado haber recibido determinados servicios. También forman parte del expediente movimientos financieros y otras evidencias que el Ministerio Público considera relevantes para establecer la posible participación de los investigados.
Práctica médica bajo escrutinio
Los dos episodios mantienen abiertas interrogantes distintas sobre el ejercicio profesional y los controles en la prestación de servicios de salud. En el caso de Rebeca Brizard, las autoridades investigaron cómo una persona sin título médico pudo realizar procedimientos quirúrgicos dentro de un establecimiento que no contaba con la habilitación correspondiente. La familia de la joven presentó una querella, mientras Emanuel Hernández, señalado como responsable de la cirugía, salió del país con destino a Colombia poco después del fallecimiento.
Basora fue entrevistada por las autoridades sanitarias en su condición de propietaria y directora del centro, mientras Salud Pública clausuró el establecimiento y profundizó las investigaciones sobre los procedimientos realizados allí.
En cuanto a Senasa 2.0, la doctora figura formalmente entre los imputados por el Ministerio Público dentro de un expediente que involucra a 26 personas. El órgano persecutor solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Ambos procesos colocan el foco en aspectos distintos de la práctica médica: por un lado, la habilitación de centros y la verificación de quiénes están autorizados para realizar procedimientos quirúrgicos; por otro, el uso de códigos, autorizaciones y facturaciones dentro del sistema de aseguramiento público de salud.
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