El Gobierno dominicano aprobó el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, un instrumento que busca articular la respuesta estatal frente a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, en un contexto donde las cifras de agresiones y feminicidios continúan siendo motivo de preocupación.
La validación del plan se produjo durante una sesión extraordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, junto al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.
El documento establece una hoja de ruta para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de violencia, con un enfoque centrado en la coordinación entre instituciones públicas.
La estrategia contempla la creación de mesas técnicas temáticas que servirán como mecanismo de articulación del Estado.
Mesas técnicas y responsabilidades
El plan organiza la respuesta institucional en seis ejes principales:
- Marco legal y normativo, bajo el Poder Judicial
- Prevención y sensibilización, liderado por el Ministerio de la Mujer
- Reparación y autonomía, también a cargo del Ministerio de la Mujer
- Atención y respuesta institucional, en manos de la Procuraduría General
- Datos, monitoreo y evaluación, coordinado por la ONE y el Ministerio de la Mujer
- Seguridad, denuncia y protección, liderado por la Policía Nacional
Estas mesas se reunirán cada tres semanas para evaluar avances y ajustar acciones.
Salud mental y detección temprana: apuestas del sector salud
Desde el Ministerio de Salud Pública se anunció el fortalecimiento de acciones preventivas, con énfasis en la salud mental y la atención primaria.
Entre las medidas previstas figura la implementación de protocolos de tamizaje para identificar señales tempranas de violencia, así como una campaña nacional que incluirá un componente específico sobre violencia de género.
Más coordinación, pero con desafíos pendientes
Aunque las autoridades destacan la articulación interinstitucional como un avance, el éxito del plan dependerá de su capacidad de ejecución en territorio, así como de la asignación de recursos y la continuidad de las políticas públicas.
Uno de los principales retos será evitar que el plan se limite a una estructura técnica sin impacto tangible, un problema recurrente en estrategias anteriores vinculadas a la violencia de género.
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