El Comité Institucional Codiano (CIC) calificó de “imprecisas, generalizadoras y desconectadas de la realidad jurídica y fáctica” las afirmaciones emitidas por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo (FP), relacionadas con el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas pendientes a contratistas estatales.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero del CIC, rechazó que los reclamos del gremio tengan carácter irregular.
“Pretender presentar como ilegales o irregulares los pagos reclamados por decenas de ingenieros aglutinados en el CIC constituye una distorsión grave de la verdad, pues se trata de obras que fueron ejecutadas, supervisadas y recibidas por el propio Estado y hoy están en pleno servicio a la ciudadanía”, afirmó.
El problema: expedientes perdidos, no obras inexistentes
Liberato precisó que el fondo del conflicto no radica en la inexistencia de las obras ni en la falta de causa jurídica, sino en la pérdida de expedientes administrativos bajo responsabilidad de instituciones públicas, situación que ha impedido completar los procesos formales ante el Ministerio de Hacienda.
El vocero advirtió, además, que el universo de acreedores contemplado en el proyecto de ley no es homogéneo: incluye tres grupos de contratistas con situaciones jurídicas distintas, que requieren mecanismos de validación igualmente diferenciados. Por esa razón, consideró que simplificar el debate resulta técnica y socialmente irresponsable.
“Reducir esta compleja realidad a una narrativa de pagos ilegales es no solo técnicamente incorrecto, sino socialmente irresponsable”, subrayó Liberato.
Un marco legal, no una amnistía
El CIC insistió en que el proyecto de ley en discusión no busca legalizar irregularidades, sino establecer un marco transparente, auditado y jurídicamente sostenible para el reconocimiento, depuración, saneamiento y pago de deudas contractuales pendientes del Estado dominicano.
En ese sentido, el vocero hizo un llamado a todos los actores políticos a elevar el nivel del debate, evitar juicios apresurados y contribuir a la construcción de una solución institucional que, según sus palabras, “respete la legalidad, la equidad y la dignidad humana”.
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