El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas deberá esperar a que la condena adquiera carácter definitivo antes de recomendar al Poder Ejecutivo el retiro forzoso de los tres generales sentenciados la noche del lunes a 20 años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13), para disponer el retiro forzoso o la cancelación del nombramiento de un miembro de los cuerpos armados sometido a un proceso judicial, deberá esperarse a que exista una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
Por tanto, los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), condenado en primera instancia a 20 años de reclusión; Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), sentenciado a la misma pena; y Boanerges Reyes Bautista, quien se desempeñó como subjefe del CUSEP y recibió una condena de 10 años de reclusión por su participación en el entramado de corrupción, deberán esperar a que el fallo adquiera firmeza para que pueda iniciarse el proceso de retiro forzoso.
Estos altos mandos fueron suspendidos de sus funciones en abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó las operaciones Coral y Coral 5G. No obstante, los oficiales continúan en nómina y reciben sus salarios como generales, así como otros beneficios inherentes a sus rangos, mientras el proceso judicial permanezca abierto en los tribunales.
Además del sueldo, estos generales disponen de personal militar asignado para su seguridad y asistencia, armas de fuego de reglamento y, en algunos casos, vehículos oficiales, como parte de las prerrogativas vinculadas a sus rangos dentro de la institución castrense.
El Código de Justicia Militar faculta a las instituciones castrenses a retener el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas sometidos a la justicia ordinaria hasta que un tribunal dicte una sentencia definitiva.
Una fuente militar consultada por periodistas de Acento explicó que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en procesos judiciales, sin importar su rango, continúan figurando en la nómina institucional mientras no exista una sentencia definitiva. Según esa versión, los salarios correspondientes quedan retenidos o acumulados hasta que se emita un fallo firme y, si la decisión les resulta favorable, la institución procederá al pago de los montos pendientes.
En el caso del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, su nombre sigue figurando en la nómina del Ejército con un salario mensual de RD$70,359.30. Esa remuneración equivale a RD$ 844,311.60 al año y suma aproximadamente RD$ 4.38 millones acumulados entre 2021 y 2026, de acuerdo con el tiempo transcurrido desde su arresto.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}