Faride Raful admite aumento de feminicidios y reconoce desafíos del Estado en prevención

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció este lunes el incremento de los feminicidios en República Dominicana y admitió que el Estado enfrenta importantes desafíos para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar respuestas oportunas ante las denuncias y señales de alerta.

Durante declaraciones ofrecidas tras una reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, la funcionaria expresó que cada caso de feminicidio “lacera el alma” y obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos para construir una sociedad “más justa” y con mayor respeto hacia los derechos de las mujeres.

“Nos compromete más a seguir trabajando por una sociedad más justa, donde los ciudadanos respetemos el derecho de los demás, el derecho de las mujeres a tomar sus decisiones y, al mismo tiempo, de nosotras las mujeres tener las garantías dentro de todo el sistema cuando demos una voz de alerta”, dijo.

Raful confirmó que, hasta la fecha, se han registrado 30 feminicidios en el país, frente a 22 casos contabilizados en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de ocho víctimas en comparación con el año anterior.

“Ahí ustedes ven la evidencia de que ha habido un aumento en este año”, sostuvo al mostrar las estadísticas oficiales.

La ministra indicó que las instituciones vinculadas a la protección de la vida y la seguridad continúan trabajando de manera coordinada, aunque reconoció que las acciones implementadas hasta el momento “no son suficientes”.

“Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos con una visión integral, pero, como dije, no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo más”.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía.

Raful también señaló que la violencia de género constituye un problema estructural que afecta a toda la sociedad y llamó a fortalecer la cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres.

Las declaraciones de la funcionaria se producen en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de prevención y protección para mujeres en situación de riesgo, así como de reclamos de organizaciones sociales que exigen respuestas más rápidas y eficaces por parte de las autoridades.