El Consejo del Poder Judicial (CPJ) salió al paso este miércoles con un comunicado institucional que, en la práctica, equivale a una advertencia directa al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD): sus jueces no comparecerán ante ningún tribunal gremial. El detonante fue la emisión de los autos núm. 150/2026 y 028/2026 por parte del Tribunal Disciplinario de Honor del CARD, mediante los cuales se emplazó a comparecer a jueces en ejercicio ante esa instancia gremial.
Un choque de competencias en plena crisis judicial
El CPJ fue categórico: la potestad disciplinaria sobre los jueces y servidores judiciales le corresponde exclusivamente a ese organismo, por mandato constitucional y en virtud de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial. Cualquier intento de otro órgano de someter disciplinariamente a un juez en ejercicio, señaló, "resulta incompatible con el ordenamiento jurídico vigente".
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El argumento jurídico es preciso: la Ley núm. 3-19, que regula al Colegio de Abogados, aplica a abogados en ejercicio profesional, no a quienes ejercen la función jurisdiccional. De hecho, el párrafo I del artículo 44 de la Ley núm. 327-98 de la Carrera Judicial prohíbe expresamente a los jueces ejercer la abogacía. En consecuencia, no pueden ser sometidos al régimen disciplinario de un gremio al que, legalmente, no pertenecen.
¿De dónde proviene la crisis judicial?
Paro judicial y tensión institucional
El enfrentamiento entre el CARD y el Poder Judicial no surge en el vacío. En mayo de 2026, jueces y servidores judiciales protagonizaron un paro nacional sin precedentes, en reclamo de condiciones laborales dignas, el llenado de más de 575 plazas vacantes y mayor autonomía institucional. El propio CARD, presidido por Trajano Potentini, respaldó públicamente ese paro y convocó a una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia.
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Lo que entonces era una alianza táctica entre abogados y jueces frente a las autoridades del Poder Judicial parece haber derivado, semanas después, en una disputa de competencias que el CPJ no estaba dispuesto a dejar pasar.
El TC ya había puesto límites al CARD
El escenario se complica aún más si se considera que, apenas el 10 de junio pasado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley núm. 3-19 mediante la Sentencia TC/0331/26. El fallo eliminó los tribunales disciplinarios distritales del CARD por duplicidad de funciones y violación del principio de seguridad jurídica, dejando únicamente vigente el Tribunal Disciplinario de Honor. Es precisamente ese tribunal —el único que sobrevivió al fallo del TC— el que ahora pretende citar a jueces en ejercicio, según el comunicado del CPJ.
La advertencia final: acciones legales en el horizonte
El CPJ no se limitó a rechazar las citaciones. En el cierre de su comunicado, se reservó expresamente la facultad de ejercer acciones legales y constitucionales para salvaguardar la independencia judicial y su competencia disciplinaria exclusiva. Es una señal inequívoca: si el CARD insiste, el conflicto podría escalar a los tribunales.
El Consejo también enmarcó su postura en términos que trascienden lo institucional: "La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una protección para toda persona que acude a los tribunales". Con esa frase, el CPJ buscó anclar el debate en el terreno de los derechos ciudadanos, no en una disputa de poder entre corporaciones.
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