El juez Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este jueves las medidas de coerción impuestas a los ocho imputados en el denominado caso Senasa, durante la revisión obligatoria del proceso celebrada este 30 de abril.
Al emitir su decisión, el magistrado fundamentó el fallo al estimar que las medidas vigentes continúan siendo las más idóneas para garantizar el desarrollo del proceso judicial. La lectura íntegra de la decisión quedó fijada para el próximo 21 de mayo, mientras que la siguiente revisión obligatoria de las medidas fue programada para el 30 de julio.
Los imputados y los cargos
Los acusados en este expediente son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa y señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla del entramado; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El órgano acusador les imputa los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El origen del caso: la Operación Cobra
El caso tiene su origen en la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público develó, a finales de 2025, un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado durante años en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la aseguradora estatal que brinda cobertura sanitaria a millones de dominicanos de los estratos socioeconómicos más bajos.
Según la evidencia documental presentada por la Procuraduría, el perjuicio causado a las reservas técnicas de la institución asciende a más de RD$15,921,369,659.62, producto de la manipulación de procesos financieros, falsificación de documentos y ejecución de pagos irregulares.
De acuerdo con la acusación, Hazim Albainy —quien dirigió Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025— habría monopolizado la prestación de servicios de atención primaria a favor de empresas vinculadas al Grupo Read, con contratos que superarían los 22 mil millones de pesos. El exfuncionario recibía, según el expediente, el 90% de los sobornos pagados por las empresas proveedoras, exigiendo que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses.
En diciembre de 2025, tres de los imputados confesaron ante el juez haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de la entidad, lo que el Ministerio Público calificó como un elemento de peso en la solidez de la acusación.
Un proceso que se amplía
El caso no está cerrado. En marzo de 2026, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, confirmó que se prepara una segunda fase —denominada Senasa 2.0— con el sometimiento de nuevos implicados. "El caso Senasa no es un caso cualquiera. Es un caso que golpeó las entrañas", expresó el magistrado.
El presidente Luis Abinader, por su parte, se ha constituido en actor civil dentro del proceso y ha reiterado públicamente que los responsables "tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado".
De confirmarse los cargos, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, además de multas millonarias e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
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