El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, formalizó hoy la política nacional de convivencia digital en los centros educativos del país mediante la Orden Departamental 011-2026, una normativa que establece restricciones diferenciadas al uso de dispositivos móviles según el nivel escolar y obliga a cada plantel (público y privado) a construir sus propios protocolos internos.
La medida convierte a República Dominicana en uno de los países de la región que avanza con mayor claridad hacia una regulación estructurada del celular en el aula, pese a que se dicta al cierre de un ciclo escolar.
Una norma con tres velocidades
La orden no aplica una prohibición uniforme. Su lógica es gradual: prohibición total de teléfonos personales en el Nivel Inicial, restricción en Primaria y uso pedagógico regulado y supervisado en Secundaria, bajo criterios que cada institución deberá definir junto a docentes, familias y estudiantes.
Ese modelo participativo es, quizás, el elemento más relevante de la normativa. En lugar de imponer un reglamento único desde el nivel central, el Ministerio exige que cada centro integre sus protocolos a los manuales de convivencia existentes, con la comunidad educativa como protagonista del proceso.
"La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención", escribió De Camps en su cuenta de X al anunciar la medida.
Privacidad, ciberacoso y protección de datos
Más allá de la restricción al uso del celular durante la jornada escolar, la 011-2026 incorpora un capítulo de protección digital que suele quedar fuera de este tipo de normativas: prohíbe grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo.
La orden también contempla medidas específicas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales, un problema que los propios estudiantes identificaron como prioritario durante las consultas previas que el Ministerio realizó antes de emitir la normativa.
La norma también prevé excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad.
Una decisión con respaldo, pero no sin debate
La medida no llegó de improviso. Desde marzo de 2026, el Ministerio venía impulsando una consulta pública que generó un consenso amplio entre docentes, directores, padres y estudiantes. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fue una de las primeras en respaldarla: su presidente, Eduardo Hidalgo, señaló que el gremio venía reclamando este tipo de regulación desde hace tiempo.
El organismo educativo EDUCA también analizó la propuesta en su Nota de Trabajo #112, donde planteó puntos de reflexión sobre los alcances y límites de una prohibición, recordando que la UNESCO advierte que la regulación por sí sola no resuelve el problema si no va acompañada de formación docente y alfabetización digital.
En esa línea, la 011-2026 incluye programas de capacitación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.
Qué pasa con los teléfonos móviles en otros países
República Dominicana no actúa en el vacío. Hace apenas dos días, el Congreso de Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a su Ley de Educación para regular los celulares en primarias y secundarias. Chile lanzó en febrero su campaña "Modo Aula" con orientaciones similares, y Ecuador transfirió en abril la responsabilidad regulatoria a cada plantel mediante acuerdo ministerial.
En España, donde la prohibición lleva más tiempo en vigor, los resultados empiezan a mostrar efectos concretos: "Lo tienen asumido", declaró una directora de instituto valenciano al diario.
El trasfondo: ciudadanía digital como política de Estado
De Camps enmarcó la orden dentro de una estrategia más amplia de transformación educativa. "Mientras más digital se vuelve una sociedad, más importante es formar ciudadanos con criterio, pensamiento crítico, responsabilidad y capacidad de convivir sanamente tanto en espacios físicos como digitales", afirmó.
La declaración revela que la apuesta del Ministerio no es tecnófoba: no se trata de expulsar los dispositivos de la escuela, sino de redefinir las condiciones bajo las cuales entran. En un año en que la inteligencia artificial avanza sobre los sistemas educativos del mundo, la pregunta que plantea esta orden no es si los estudiantes dominicanos usarán tecnología —la respuesta es sí—, sino si lo harán con las herramientas éticas y críticas necesarias para hacerlo bien.
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