El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, pidió a la procuradora general de la República que disponga investigaciones penales sobre las muertes ocurridas durante los denominados intercambios de disparos entre agentes policiales y ciudadanos, al considerar que estos hechos deben ser examinados por el Ministerio Público y no quedar sujetos únicamente a las versiones ofrecidas por la Policía.
Valentín Santos sostuvo que combatir la delincuencia no puede justificar actuaciones al margen de la ley y llamó la atención sobre la normalización de la expresión policial "poner en 29″, que, según afirmó, se utiliza como una forma indirecta de ordenar que se quite la vida a una persona.
El funcionario recordó que la Constitución dominicana establece, en su artículo 37, que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte. También citó el artículo 38, que reconoce la dignidad humana como fundamento del ordenamiento jurídico.
En ese sentido, señaló que la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, establece como misión de esa institución proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, además de limitar las detenciones a los casos previstos por la ley.
El director de la Defensa Pública también recordó que la normativa prohíbe a los agentes ordenar, ejecutar o tolerar actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, establece que el uso de la fuerza armada debe ser una última opción y responder a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.
Pide investigaciones forenses
Valentín Santos consideró necesario que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales sean sometidas a investigaciones independientes, con levantamientos de evidencias y análisis forenses que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.
Para sustentar su planteamiento, mencionó la Ley 136-80, que regula las autopsias judiciales y establece su obligatoriedad en casos de muertes violentas, repentinas o producidas en recintos penitenciarios.
También hizo referencia a la Ley 454-08, que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como organismo encargado de realizar análisis científicos vinculados con investigaciones judiciales.
A partir de esas disposiciones, cuestionó cuántos de los casos presentados por la Policía como intercambios de disparos han sido remitidos al INACIF para una investigación científica.
"¿A cuáles y a cuántos casos de supuestos intercambios de disparos presentados por el cuerpo del orden el Ministerio Público les ha remitido al INACIF para una investigación científica real?", preguntó.
El funcionario también advirtió que algunas actuaciones policiales podrían reunir características de asesinato cuando existan elementos de premeditación o acechanza, circunstancias contempladas en el artículo 92 de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal.
"Cuando un grupo de policías armados, técnicos y obedientes al poder civil se reúnen, planifican, dan seguimiento, acechan, ubican y le dan alcance a una persona y esta pierde la vida sin una investigación seria, estamos ante actuaciones con características de asesinatos. Quienes los cometen deben responder penalmente", expresó.
Responsabilidad del Ministerio Público
El director de la Defensa Pública sostuvo que la Procuraduría General de la República debe asumir un papel activo en la investigación de estos hechos, debido a que la Ley 133-11 establece que el Ministerio Público dirige la investigación penal.
Por esa razón, instó a la procuradora general a disponer que las distintas jurisdicciones del Ministerio Público investiguen las muertes producidas durante intervenciones policiales y determinen si el uso de la fuerza estuvo justificado.
Valentín Santos aclaró que su planteamiento no supone desconocer la obligación de las autoridades de enfrentar la delincuencia ni el derecho de los agentes a defenderse ante agresiones reales.
Sin embargo, insistió en que cada muerte ocurrida durante un supuesto intercambio de disparos debe ser documentada e investigada para establecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley.
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