El Comité Institucional Codiano (CIC) rechazó las críticas que han surgido en torno a la ley aprobada por el Congreso Nacional para el reconocimiento, validación y pago de las deudas viejas del Estado con contratistas de obras públicas.
A través de su vocero autorizado, el gremio aclaró que la legislación no establece pagos automáticos ni indiscriminados, sino que crea una comisión validadora y depuradora encargada de examinar cada expediente, verificar su legitimidad y determinar cuáles obligaciones son exigibles.
“El problema no ha sido pagar sin verificar, sino que durante años no se ha querido verificar para no pagar”, aclaró el ingeniero Miguel Liberato.
El Senado de la República aprobó en sesión extraordinaria un proyecto de ley que autoriza el reconocimiento y pago de deudas del Estado con contratistas por obras públicas ejecutadas sin contrato formal desde el 1996, y que se encuentran fuera del marco normativo de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
La iniciativa tiene por objeto “autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujetas a reformulación presupuestaria”, según establece el texto aprobado.
Ante esto, el Comité Institucional Codiano (CIC) recordó que las deudas reclamadas corresponden, en su mayoría, a obras ejecutadas, recibidas y actualmente en uso por el Estado, por lo que rechazó que se les califique como reclamaciones sin sustento.
Liberato sostiene que la ley permite aplicar un proceso de depuración diferenciado, reconociendo que existen distintos tipos de casos, desde contratistas con documentación completa hasta expedientes afectados por la pérdida de archivos bajo custodia estatal.
El vocero de los contratistas aglutinados en el CIC advirtió que convertir la legítima preocupación por la transparencia en un argumento para paralizar soluciones equivale a prolongar una injusticia histórica.
Finalmente, el Comité reiteró que esta legislación representa una oportunidad para que el Estado dominicano valide, sanee y honre compromisos pendientes, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
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