La muerte de la adolescente de ascendencia haitiana Nanita Pimentel Paul, de 14 años, ocurrida el pasado 24 de mayo en un hogar de paso bajo tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), continúa generando controversia luego de que la directora ejecutiva de la institución, Ligia Pérez Peña, rechazara públicamente parte de la versión contenida en el expediente del Ministerio Público.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Pérez Peña afirmó que el hecho no ocurrió en el baño del centro, como habría sido referido inicialmente por una menor entrevistada dentro de la investigación, sino en la habitación donde se encontraban las adolescentes. Según la funcionaria, las cámaras de seguridad no registraron movimientos de niñas hacia el área de los baños y las imágenes disponibles respaldan esa versión.
Sin embargo, los documentos judiciales depositados por el Ministerio Público revelan que una adolescente de 13 años, identificada como testigo, relató que durante la madrugada del 24 de mayo escuchó cuando tres compañeras invitaron a la víctima al baño con el argumento de que le darían una “sorpresa”. Horas después, según consta en el expediente, la menor habría encontrado a Nanita sin vida dentro del pabellón donde se alojaban las adolescentes.
La acusación del Ministerio Público
De acuerdo con la solicitud de medida cautelar presentada ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, la adolescente falleció por asfixia por ahorcadura, presuntamente provocada por tres menores que también se encontraban internas en el hogar de paso.
El expediente identifica como imputadas a Franchesca Alma Muñoz Contreras, de 17 años; Lurden Esther Acosta Paulino, de 14 años; y Juliana Jhonson, de 16 años.
Según la declaración recogida por los investigadores y citada en la solicitud de coerción, la testigo sostuvo que las adolescentes habrían vendado los ojos de la víctima, sujetado sus extremidades y utilizado una sábana, y posteriormente un pantalón con cordón, para causarle la muerte. También declaró que las jóvenes habrían intentado simular una caída desde una cama para desviar la investigación.
Evidencias ocupadas en la escena
El acta de inspección técnico-policial indica que los investigadores acudieron al Hogar Padre Luis Rosario, ubicado en San Antonio de Guerra, donde realizaron el levantamiento de evidencias vinculadas al caso.
Entre los objetos colectados figuran un pantalón deportivo azul con rayas blancas y una sábana roja, elementos que también fueron incluidos por el Ministerio Público dentro de las evidencias materiales del expediente.
La documentación policial establece, además, que la adolescente fallecida se encontraba bajo protección de CONANI desde el 15 de mayo de 2026, apenas nueve días antes de su muerte.
Cámaras de seguridad y versión institucional
La principal diferencia entre la versión institucional y la narrativa contenida en el expediente radica en el lugar donde se habría iniciado el incidente. Mientras la testigo declaró que las imputadas condujeron a la víctima hacia el baño para darle una supuesta sorpresa, la directora de CONANI sostiene que las grabaciones de seguridad no muestran desplazamientos de menores hacia esa zona y que los hechos ocurrieron dentro de la habitación.
Pérez Peña insistió en que las cámaras permiten descartar que el baño haya sido el escenario del suceso. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado públicamente si los videos de vigilancia forman parte de las pruebas depositadas ante el tribunal ni si han sido sometidos a análisis pericial.
Esa diferencia mantiene abiertas preguntas relevantes para la investigación, especialmente en torno a la secuencia exacta de los hechos, el nivel de supervisión dentro del hogar de paso y la forma en que se activaron los protocolos internos antes, durante y después de la muerte de la adolescente.
Proceso judicial en curso
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar la privación provisional de libertad para las tres adolescentes investigadas, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlas con la muerte de Nanita Pimentel Paul.
Asimismo, requirió la realización urgente de una entrevista en Cámara Gesell a la menor considerada testigo principal, con el objetivo de evitar su revictimización y preservar la calidad de su testimonio dentro del proceso judicial.
El caso ha generado preocupación en distintos sectores por tratarse de una muerte ocurrida dentro de un centro de protección estatal destinado a resguardar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Mientras avanzan las investigaciones, persisten interrogantes sobre las circunstancias exactas del hecho, los protocolos de supervisión aplicados en el hogar de paso y la responsabilidad institucional en torno a la seguridad de los menores bajo custodia del Estado.
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