El Ministerio Público atribuye a Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase) el pago de sobornos para mantener contratos y agilizar trámites. La Cámara de Cuentas documentó en Edesur desembolsos posteriores al vencimiento del contrato y expedientes incompletos.
La contratación de vigilancia entre Edesur y Senase forma parte del caso Operación Lobo. Según la acusación del Ministerio Público, la empresa habría pagado sobornos a funcionarios encargados de supervisar los servicios para mantener las contrataciones, agilizar los trámites y permitir su ejecución sin una fiscalización efectiva. En una investigación especial sobre Edesur, la Cámara de Cuentas documentó pagos irregulares por casi 200 millones de pesos
El Ministerio Público presentó una acusación contra 14 personas físicas y jurídicas. Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Senase, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur y mayor general retirado del Ejército, según la Procuraduría.
La investigación especial de la Cámara de Cuentas respondió a una solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), formulada el 15 de agosto de 2025 para examinar contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos vinculados con Senase. El órgano fiscalizador amplió posteriormente el alcance de la revisión al período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 18 de marzo de 2025.
Las empresas y el mecanismo descrito en la acusación
La Procuraduría incluyó en su acusación cuatro personas jurídicas: Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL. El Ministerio Público vinculó las dos primeras con Quilvio Bienvenido Rodríguez González y las otras dos con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Según el Ministerio Público, Senase habría entregado sobornos mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. La acusación sostiene que esas entregas buscaban asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa en distintas instituciones públicas.
La acusación atribuye a los funcionarios encargados de supervisar los contratos la recepción de sobornos a cambio de mantener las contrataciones, agilizar los trámites administrativos y permitir la ejecución de los servicios sin objeciones ni fiscalización efectiva. Según el Ministerio Público, ese mecanismo subordinó la supervisión y la recepción de los servicios a los intereses de las empresas acusadas.
El contrato de vigilancia y sus modificaciones
La Cámara de Cuentas registró el contrato 0215-2017, firmado el 28 de septiembre de 2017 por 104 millones 727 mil 207 pesos. Su objeto era prestar seguridad y vigilancia para proteger al personal y los bienes de Edesur en Santo Domingo Norte y San Cristóbal, correspondientes al bloque número 2. La descripción del contrato consignó 31.782 horas/hombre.
Las dos primeras adendas modificaron las tarifas. La adenda I, número 0302-2017, fechada el 6 de diciembre de 2017, fijó 97 pesos por hora diurna y 100 pesos por hora nocturna. La adenda II, número 0297-2019, fechada el 27 de septiembre de 2019, fijó 106 pesos por hora diurna y 113 pesos por hora nocturna. Según el informe, las tarifas de la segunda adenda se aplicaban desde el 1 de agosto de 2019.
La Cámara de Cuentas registró un adicional de 7 millones 766 mil 330 pesos para la primera adenda y de 12 millones 67 mil 615 pesos para la segunda, en la que consignó un monto contractual de 124 millones 561 mil 152 pesos. Las adendas III y IV modificaron los plazos: la III, número 0257-2020, se firmó el 26 de octubre de 2020 y estableció un período del 1 de octubre al 31 de diciembre de ese año; la IV, número 0005-2021, se firmó el 15 de marzo de 2021 y fijó el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
Los pagos sin contrato vigente y la explicación de Edesur
Durante la investigación, la Dirección de Finanzas de Edesur informó que los desembolsos se realizaron sin contrato vigente mientras se tramitaban licitaciones para nuevos proveedores de seguridad. Como respaldo, citó un oficio de la Dirección de Seguridad que solicitaba ejecutar los pagos para garantizar la continuidad de la vigilancia.
En una comunicación del 10 de marzo de 2026, Edesur explicó que no se firmó una nueva adenda por recomendación de la entonces Gerencia de Compras. Según la distribuidora, un correo del 29 de abril de 2021 advertía que la extensión contravendría la Ley de Compras y Contrataciones. La entidad indicó que los pagos se ejecutaron de manera directa conforme al oficio DS-00147-2021 de la Dirección de Seguridad.
Los documentos faltantes en los expedientes de pago
La Cámara de Cuentas registró 183 millones 364 mil 441 pesos en expedientes sin certificados de disponibilidad de cuota para comprometer o disponibilidad de fondos. Los expedientes sin formularios de recepción de bienes y servicios alcanzaron 179 millones 829 mil 694 pesos.
Los expedientes sin certificaciones de estar al día ante la DGII y la TSS registraron 187 millones 765 mil 298 pesos. La categoría del certificado de proveedor del Estado (RPE) consignó 182 millones 979 mil 445 pesos. Los expedientes sin constancias de retención de ITBIS entregadas al proveedor alcanzaron 184 millones 173 mil 48 pesos.
La investigación registró 19 millones 374 mil 391 pesos en documentos de pago sin firmas ni sellos y 68 millones 713 mil 362 pesos en expedientes sin orden de compra o de servicios y/o contrato. En otra categoría figuró un pago de 4 millones 785 mil 853 pesos sin control de facturación, registros de entrada y salida del personal de seguridad, factura ni carta bancaria para el desembolso.
La publicación del proceso y de las adendas
La Cámara de Cuentas registró en el portal de Edesur la publicación del pliego de condiciones, el formulario de preguntas y respuestas de la circular 001-2017, la enmienda 0217-001, la resolución 098-17 de habilitación, la resolución 108-2017 de adjudicación y el acta 097-2019 de terminación. Para el proceso vinculado al contrato inicial, consignó «No publicado» en el portal de la Dirección General de Compras Públicas. Las cuatro adendas figuraron con esa misma indicación en ambos portales.
Las transferencias y las diferencias entre registros
La relación de pagos posteriores al vencimiento contractual incluyó transferencias realizadas entre el 14 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2022. Registró 60 millones 855 mil 536 pesos transferidos y 67 millones 73 mil 274 pesos facturados. Los conceptos correspondían a servicios de distintos meses de 2021 y 2022; uno mencionaba conjuntamente junio y agosto de 2021.
La Cámara de Cuentas consignó dos importes para la transferencia TPT-ES16188-2021: 4 millones 53 mil 665 pesos en la relación de pagos posteriores al vencimiento y 4 millones 785 mil 853 pesos en la clasificación de expedientes con documentos faltantes. La operación figuró en las categorías de control de facturación y otros documentos, disponibilidad de recursos, recepción del servicio, certificaciones ante la DGII y la TSS, retención de ITBIS, documentos sin firmas ni sellos, y orden de compra o servicios y/o contrato. Su concepto correspondía a octubre de 2021. En el espacio donde otras entradas incluían datos de factura, apareció la anotación «Contiene soportes de Guardianes Ranger».
La factura FC-0013243, emitida el 29 de septiembre de 2022, registró un total de 4 millones 927 mil 85 pesos. La transferencia TPT-ES19814-2022, última de la relación, se realizó el 11 de octubre de 2022 por 4 millones 175 mil 496 pesos. Según su concepto, correspondía a la vigilancia de septiembre de ese año.
En varias relaciones de 2019, la transferencia TPE-ES-20840 figuró con fecha del 8 de agosto de 2019 y un concepto que mencionaba vigilancia de mayo de 2020.
En la categoría del certificado de proveedor del Estado, la investigación consignó un subtotal de 26 millones 451 mil 892 pesos para 2019 y un total general de 182 millones 979 mil 445 pesos.
La Cámara de Cuentas documentó 14 pagos por 60 millones 855 mil 536 pesos después del vencimiento del plazo fijado en la cuarta adenda, el 30 de junio de 2021. El contrato establecía que no habría renovación automática y que quedaría rescindido al llegar a su término. Tras revisar la explicación de Edesur, los auditores mantuvieron la observación: sostuvieron que la continuidad del servicio no justificaba desembolsar recursos públicos sin un vínculo contractual vigente y respaldado.
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