El Consejo Económico y Social (CES) acordó revisar el reglamento de aplicación de la Ley 12-21, que establece la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos fiscales, con el objetivo de ampliar la inclusión de provincias con baja presencia empresarial y fortalecer la gobernanza y planificación del desarrollo en estas comunidades.
En el informe entregado este martes 16 de septiembre, el CES destacó que un desarrollo fronterizo sostenible requiere institucionalidad robusta, gobernanza participativa y articulación entre actores nacionales e internacionales. Por ello, el organismo acordó una serie de medidas orientadas a fortalecer la gestión territorial y la cooperación para el desarrollo económico inclusivo.
Entre las decisiones figura fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para liderar procesos de desarrollo con participación ciudadana y mecanismos de control social, así como impulsar un levantamiento territorial y socioeconómico por provincia que sirva de base para la planificación pública.
El CES también recomendó fomentar alianzas público-privadas y cooperación internacional, alineadas con planes provinciales y municipales, y establecer espacios permanentes de articulación binacional y mesas consultivas para el monitoreo y evaluación de políticas fronterizas.
Además, el organismo enfatizó la necesidad de promover enfoques transversales de sostenibilidad, inclusión y cooperación en todas las acciones territoriales.
Entre las propuestas legislativas, figura la elaboración de la Ley sobre la Adquisición y Transferencia de la Propiedad Inmobiliaria en la Zona Fronteriza, en cumplimiento del artículo 10.2 de la Constitución Dominicana.
El CES reafirmó su compromiso de que todas las políticas y acciones en comunidades fronterizas se sustenten en los principios de equidad territorial y cohesión social, con miras a convertir la frontera en un espacio de desarrollo económico sostenible y participación comunitaria.
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