El caso de presuntos sobornos vinculados a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase) y funcionarios de distintas instituciones públicas incluye un esquema que, según el Ministerio Público, habría permitido mantener contratos, agilizar trámites y reducir los controles sobre los servicios contratados.
La investigación forma parte de la Operación Lobo, mediante la cual el Ministerio Público presentó acusación contra 14 personas físicas y jurídicas. Entre los señalados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Senase, y el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien se desempeñó como director de Seguridad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
La Cámara de Cuentas también examinó los contratos, pagos y desembolsos relacionados con Senase en Edesur. Su investigación documentó irregularidades administrativas y financieras, entre ellas transferencias realizadas después de vencido el contrato y expedientes sin documentos requeridos para justificar los pagos.
Pero, ¿Cómo habría funcionado el mecanismo y qué encontró la auditoría?
¿Cómo habría funcionado el esquema de presuntos sobornos?
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Senase habría utilizado dos vías para entregar dinero a funcionarios: transferencias bancarias y pagos en efectivo.
Las entregas, correspondientes a los períodos 2012-2020 y 2020-2025, habrían tenido como propósito asegurar la continuidad de contratos adjudicados a la empresa en distintas instituciones públicas.
A cambio, los funcionarios encargados de supervisar los servicios presuntamente habrían facilitado la permanencia de las contrataciones, agilizado procedimientos administrativos y permitido que los trabajos se ejecutaran sin una fiscalización efectiva.
En el caso de Edesur, la investigación se concentró en los servicios de seguridad y vigilancia contratados a Senase.
¿Qué encontró la Cámara de Cuentas en los contratos de Edesur?
La investigación especial examinó el contrato 0215-2017, firmado el 28 de septiembre de 2017 por RD$ 104,727,207.
El acuerdo contemplaba servicios de seguridad y vigilancia para proteger al personal y los bienes de Edesur en Santo Domingo Norte y San Cristóbal.
El contrato fue objeto de modificaciones mediante adendas que cambiaron las tarifas por hora de vigilancia y extendieron los períodos de prestación del servicio.
Sin embargo, uno de los principales hallazgos de la auditoría fue que Edesur continuó realizando pagos a Senase después de que venciera el contrato y su última extensión.
RD$ 60.8 millones pagados después del vencimiento del contrato
La Cámara de Cuentas identificó 14 pagos por RD$ 60,855,536 realizados entre el 14 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2022, después de que venciera el plazo contractual, el 30 de junio de 2021.
En ese mismo registro, los servicios facturados ascendieron a RD$ 67,073,274.
Edesur explicó a los auditores que los desembolsos se realizaron mientras se desarrollaban los procedimientos para contratar nuevos proveedores de seguridad. También sostuvo que los pagos respondían a la necesidad de garantizar la continuidad de la vigilancia.
No obstante, la Cámara de Cuentas mantuvo la observación y señaló que la continuidad del servicio no justificaba realizar desembolsos de fondos públicos sin un contrato vigente que respaldara la relación comercial.
¿Qué documentos faltaban para justificar los pagos?
Otro hallazgo de la auditoría fue la ausencia de documentos requeridos en los expedientes utilizados para procesar los pagos a Senase.
Entre las principales observaciones figuran:
- RD$183.3 millones: expedientes sin certificados de disponibilidad de cuota para comprometer o disponibilidad de fondos.
- RD$179.8 millones: expedientes sin formularios de recepción de bienes y servicios.
- RD$187.7 millones: expedientes sin certificaciones de estar al día ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- RD$182.9 millones: expedientes sin certificado de Registro de Proveedor del Estado (RPE).
- RD$184.1 millones: expedientes sin constancias de retención del ITBIS entregadas al proveedor.
- RD$19.3 millones: documentos de pago sin firmas ni sellos.
- RD$68.7 millones: expedientes sin orden de compra, orden de servicios o contrato.
Estas cantidades corresponden a distintas categorías de documentación observadas por los auditores y no deben sumarse como si fueran pagos independientes, pues pueden referirse a los mismos expedientes.
¿Qué empresas aparecen en la acusación?
Además de Servicios Senase, el Ministerio Público incluyó otras tres personas jurídicas en la acusación:
- El Niño Prodigio EIRL.
- Magestym Waste & Recycling Company SA.
- Magesty Recycling SRL.
Según la acusación, las dos primeras están vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, mientras que las otras dos se relacionan con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
La investigación especial de la Cámara de Cuentas fue solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el 15 de agosto de 2025 para examinar contratos y movimientos de fondos públicos relacionados con Senase.
La revisión abarcó inicialmente operaciones de Edesur y posteriormente comprendió el período del 1 de marzo de 2017 al 18 de marzo de 2025.
Los hallazgos de la auditoría forman parte de las evidencias examinadas en el caso, mientras el Ministerio Público sostiene sus imputaciones contra las personas y empresas señaladas.
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