Mediante la denominada “Operación Cobra”, el Ministerio Público presentó un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), involucrando a exfuncionarios, proveedores y particulares, acusados de manipular procesos financieros, falsificar documentos y ejecutar pagos irregulares que, según el expediente, provocaron un perjuicio multimillonario a la aseguradora estatal encargada de administrar fondos públicos destinados a la salud de millones de dominicanos.
A raíz de la investigación, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana publicó su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, correspondiente a enero de 2026, en el que analiza de manera detallada el proceso judicial relacionado con las presuntas irregularidades cometidas en el caso.
Los hechos relatados en las acusaciones exponen maniobras dentro de la institución que tuvieron un impacto en sus reservas técnicas que, según la evidencia documental del Ministerio Público, asciende a más de RD$15,921,369.659.62 hasta el cierre del período 2024.
Según el documento, el expediente del Ministerio Público describe un esquema de corrupción administrativa que habría operado durante la gestión del exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros exfuncionarios, proveedores y particulares. Las acusaciones incluyen presunta manipulación de estados financieros, falsedad documental, sobornos, asociación de malhechores y lavado de activos, prácticas que, según la acusación, afectaron la sostenibilidad financiera de la institución.
Participación Ciudadana detalla que uno de los ejes centrales del caso es la alteración deliberada de los estados financieros de Senasa entre marzo de 2022 y marzo de 2025, mediante el subregistro de reservas técnicas, con el propósito de ocultar la situación real de la entidad.
Asimismo, el informe recoge señalamientos contra el exdirector financiero Gustavo Enrique Messina Cruz, a quien se atribuye la manipulación del sistema de pagos conocido como “bordereau”, alterando montos y autorizaciones para aparentar estabilidad financiera.
En cuanto al impacto económico, el informe señala que, de acuerdo con el Ministerio Público, aproximadamente RD$ 2,881,337,217.15 habrían sido recibidos por Santiago Hazim como resultado del esquema investigado, en detrimento del sistema dominicano de salud. Parte de estos recursos, según el expediente, estaría vinculada a pagos irregulares por servicios médicos, programas de vacunación y adquisiciones que debieron realizarse a través del sistema público.
El documento también recoge presuntos incrementos patrimoniales injustificados, entre ellos la adquisición de bienes inmuebles, depósitos y vehículos de alta gama, algunos presuntamente adquiridos mediante terceros para encubrir el origen de los fondos. Además, se señala la existencia de empresas offshore no declaradas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, vinculadas al imputado principal y a su entorno familiar.
El informe enumera a decenas de personas vinculadas al expediente, incluyendo exfuncionarios de Senasa, auditores médicos, intermediarios, presuntos testaferros, investigadores y víctimas de facturación fraudulenta, así como detalla las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre ellas más de 135 pruebas documentales, auditorías forenses, pruebas materiales y audiovisuales.
Participación Ciudadana recuerda que el proceso se encuentra en fase judicial y que los imputados mantienen la presunción de inocencia, subrayando que corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades penales. La organización señala que el interés público del caso radica en que Senasa administra el aseguramiento en salud de una parte mayoritaria de la población, por lo que cualquier irregularidad en su gestión tiene implicaciones directas en el uso de recursos públicos y en el derecho a la salud.
La organización explica que este informe, al igual que los anteriores del Observatorio, sistematiza y expone los elementos contenidos en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, con el objetivo de facilitar la comprensión ciudadana de un caso que ha tenido amplio impacto público por involucrar a la aseguradora estatal de salud.
Con la publicación de este séptimo informe, el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa continúa su labor de seguimiento ciudadano a procesos judiciales de alto impacto, aportando análisis y contexto para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
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