El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo del denominado caso Medusa —uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana—, declaró inadmisible un recurso de oposición presentado por el Ministerio Público, que pretendía que el tribunal decidiera de inmediato sobre los incidentes planteados durante el proceso.
El tribunal defiende la progresividad del juicio
Las magistradas explicaron que varios de los incidentes fueron diferidos con el propósito de que el pleno del colegiado pueda escucharlos y analizarlos de manera conjunta antes de emitir cualquier decisión definitiva. En ese sentido, indicaron que actualmente se está conociendo el fondo de las peticiones incidentales presentadas por las partes y que aún no se ha adoptado una resolución final sobre esas solicitudes.
El tribunal fue enfático al señalar que retrotraer el proceso a etapas anteriores —como solicitó el órgano acusador— resultaría contrario a la progresividad del juicio y podría afectar el desarrollo normal del proceso.
Garantías del debido proceso
En garantía de los derechos de las partes y del debido proceso, las juezas determinaron que las decisiones adoptadas hasta el momento se mantendrán vigentes hasta que exista una resolución que determine si corresponde acoger, modificar o revertir alguna de ellas.
La inadmisibilidad del recurso de oposición fue fundamentada en lo establecido en el artículo 423 del Código Procesal Penal y el artículo 69 de la Constitución de la República, que consagra las garantías del debido proceso.
Incidentes de la defensa: nueve de diez ya presentados
Las magistradas informaron además que, de los diez abogados de la defensa que habían anunciado recursos incidentales, nueve ya han presentado sus planteamientos, quedando pendientes dos intervenciones para concluir con la exposición de esos incidentes dentro del proceso.
Este dato revela que la fase incidental del juicio se encuentra en su tramo final, lo que podría abrir paso a las siguientes etapas del proceso de fondo.
Contexto: un caso emblemático contra la corrupción
El caso Medusa, formalmente denominado Operación Medusa, es uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción administrativa en República Dominicana. El expediente, que supera las 12,000 páginas, acusa a 41 personas y 22 empresas de integrar una red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano con más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020, según las cifras del Ministerio Público.
El principal imputado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a exfuncionarios y empresarios vinculados a presuntas operaciones de desvío de fondos públicos durante su gestión al frente de la Procuraduría General.
El juicio de fondo inició formalmente en 2025 y ha estado marcado por múltiples incidentes procesales, tensiones entre la defensa y el Ministerio Público, y debates sobre la admisibilidad de pruebas. En febrero de 2026, la defensa de varios imputados presentó incidentes durante varios días consecutivos, mientras que el Ministerio Público acusó a la defensa de Jean Alain Rodríguez de presentar argumentos débiles y desorganizados. Por su parte, la defensa de Alfredo Solano denunció "desinformación" por parte del órgano acusador.
La decisión de hoy del tribunal refuerza la postura de las juezas de mantener el control del proceso y garantizar que todas las partes sean escuchadas antes de resolver los incidentes de manera integral.
Las declaraciones del fiscal Wilson Camacho
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acusó a las defensas en el caso Medusa de presentar incidentes repetidos con el objetivo de retrasar el avance del juicio y evitar que se inicie la presentación formal de la acusación.
Camacho sostuvo que en esta etapa del proceso solo deberían presentarse incidentes nuevos que no hayan sido planteados anteriormente, pero aseguró que los abogados defensores del principal imputado Jean Alain Rodríguez han insistido en solicitudes que ya fueron discutidas y rechazadas en otras fases del proceso.
El representante del Ministerio Público afirmó que estas acciones buscan ganar tiempo y prolongar una situación que, según dijo, es inevitable, ya que el órgano acusador presentará la acusación con las evidencias reunidas en la investigación.
En ese sentido, señaló que los abogados de Rodríguez, estarían retrasando el proceso para evitar enfrentar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y buscando, según dijo, una salida procesal que conduzca a la extinción del proceso.
Camacho indicó que desde el pasado 11 de febrero el tribunal ha estado conociendo incidentes presentados por las defensas, lo que, a su juicio, ha provocado que durante más de un mes se discutan los mismos temas en distintas intervenciones.
El procurador adjunto agregó que muchos de los incidentes presentados ya habían sido sometidos anteriormente ante el Cuarto y el Tercer Juzgado de la Instrucción durante la etapa preliminar del proceso, por lo que considera que su reiteración está prohibida por el Código Procesal Penal.
Ante esta situación, el representante del Ministerio Público expresó que esperan que el tribunal ponga un límite a estas acciones y permita que el proceso avance hacia la presentación de la acusación y el conocimiento de las pruebas dentro del juicio.
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