El Ministerio Público aseguró este miércoles que el juicio de fondo del caso Medusa continúa estancado en la fase de incidentes debido a las constantes acciones de la defensa, mientras el movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió sobre las prolongadas dilaciones que afectan el avance del proceso.

La fiscal Mirna Ortiz afirmó que el tribunal lleva meses intentando iniciar la audiencia sin éxito, ya que aún no se ha podido dar paso a la lectura de la acusación. Según explicó, los imputados han presentado múltiples incidentes que, a su juicio, ya fueron conocidos y rechazados en la etapa preliminar, lo que considera contrario a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Ortiz también señaló que el tribunal ha sido “garantista en extremo”, al permitir amplias intervenciones de la defensa, lo que ha contribuido a extender el proceso más allá de lo razonable. En ese sentido, sostuvo que estas dilaciones responden a una estrategia para retardar el conocimiento del fondo del caso y evitar enfrentar las pruebas.

Por su parte, en su más reciente informe, Participación Ciudadana alertó sobre los retrasos significativos que presenta el caso Medusa, destacando que el proceso acumula años sin una decisión definitiva. La organización señaló que las tácticas dilatorias, sumadas a la complejidad del expediente, han impedido que el sistema de justicia avance con la celeridad esperada en casos de corrupción administrativa.

El informe también enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial adopte medidas más efectivas para evitar que los procesos se prolonguen innecesariamente, garantizando tanto el debido proceso como el derecho de la sociedad a obtener respuestas oportunas.

Retrasos se originan en la propia actuación

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, respondió a los señalamientos del Ministerio Público y negó que la defensa sea responsable de las dilaciones en el proceso.

Rodríguez afirmó que los retrasos se originan en la propia actuación del órgano acusador, al indicar que la investigación se extendió por cerca de dos años, pese a que, según alegó, el Código Procesal Penal establece plazos mucho menores.

También sostuvo que el Ministerio Público dejó vencer plazos, solicitó prórrogas y realizó movimientos procesales que contribuyeron a alargar el caso. Entre estos, mencionó la solicitud de desglose de imputados y la posterior fusión del expediente, lo que, asegura, generó meses adicionales de retraso. En ese sentido, insistió en que estas decisiones no pueden ser atribuidas a la defensa.

Asimismo, cuestionó las críticas sobre supuestas tácticas dilatorias, asegurando que ni siquiera han iniciado la presentación de sus propios incidentes, por lo que considera “infundadas” las acusaciones en su contra.

El exprocurador también llamó a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo del proceso y a no dejarse “confundir”, al tiempo que defendió su inocencia y denunció presuntos abusos, irregularidades y violaciones al debido proceso por parte del Ministerio Público.

Finalmente, sostuvo que el caso, que ya acumula varios años sin iniciar formalmente el juicio de fondo, debe servir como ejemplo para que las autoridades corrijan fallas en el sistema de justicia, enfatizando que es el Ministerio Público quien debe ajustarse a la ley y no los tribunales.

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