El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que los jueces tienen un rol determinante en los constantes aplazamientos del proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros implicados.
Francisco Álvarez, coordinador de la entidad, explicó que, aunque los imputados suelen solicitar reenvíos por distintos motivos, es el tribunal quien tiene la autoridad para aceptar o rechazar dichas solicitudes.
“El juez es quien controla la audiencia, lo que se conoce como la policía de la audiencia. No es el Ministerio Público ni los abogados; es el juez quien decide”.
Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana.
Álvarez indicó que muchas de las suspensiones se han producido por razones como inasistencias, solicitudes personales de los imputados o incidentes procesales; sin embargo, insistió en que corresponde a los jueces garantizar que el proceso avance sin retrasos innecesarios.
En ese sentido, advirtió que permitir aplazamientos por motivos no esenciales, como compromisos personales o situaciones menores de salud, contribuye a extender el proceso más allá de lo razonable.
Participación Ciudadana alertó que la falta de control efectivo por parte de los tribunales podría derivar en la extinción de la acción penal, alimentando la impunidad en los casos de corrupción en República Dominicana.
No son casos ordinarios
De igual forma, la representante de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, consideró necesario analizar con equilibrio el desempeño del sistema judicial en los casos de gran corrupción, incluyendo el proceso contra Jean Alain Rodríguez.
Blanco García explicó que, desde el inicio de estos procesos, la organización solicitó al Poder Judicial, mediante comunicación al Consejo del Poder Judicial, que los jueces asignados a estos casos fueran excluidos del sistema de distribución aleatoria, debido a la alta complejidad y carga de trabajo que implican.
Indicó que estos expedientes no son casos ordinarios, ya que involucran entre 60 y 70 imputados, múltiples actores y una gran cantidad de pruebas, lo que exige un esfuerzo significativo por parte de los tribunales.
No obstante, también cuestionó decisiones que, a su juicio, resultan difíciles de comprender, como la flexibilización de medidas que han permitido a imputados salir del país en varias ocasiones, pese a la gravedad de las acusaciones.
En ese sentido, advirtió que este tipo de situaciones genera inquietudes sobre la dirección en la que avanza el sistema judicial dominicano y su capacidad para responder de manera efectiva en casos de gran corrupción.
Reiteró que, aunque es necesario reconocer las limitaciones humanas y operativas de los tribunales, también es fundamental garantizar coherencia y firmeza en las decisiones judiciales para evitar debilitar la confianza en la justicia.
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