El asesinato de Esmeralda Moronta, ocurrido minutos después de que acudiera a una unidad del Ministerio Público a presentar una denuncia contra su expareja, coloca bajo presión la promesa central del sistema: que reportar violencia active medidas capaces de prevenir un desenlace fatal.
Para el psicólogo social Jhoan Almonte, tutor de la especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el caso expone una combinación peligrosa: una ruptura que el agresor no acepta, una cultura de control sobre el cuerpo de la mujer y una respuesta estatal que llega tarde o no logra sostener la protección en el momento crítico.
El impacto va más allá de un expediente. Casos así pueden tener un efecto inmediato sobre otras víctimas: desalentar denuncias, aumentar el silencio y reforzar la idea de que “no vale la pena ir a la Fiscalía” si no hay acompañamiento y resguardo efectivos.
Por qué el caso puede desalentar a otras víctimas
En el primer trimestre de 2026, el Ministerio Público reportó 22 feminicidios y 17,552 denuncias vinculadas a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. En ese contexto, el caso Moronta puede operar como un “recordatorio” devastador para mujeres que están valorando si denunciar o no: si una víctima acudió a las autoridades y aun así fue asesinada, el mensaje que puede instalarse —aunque sea injusto— es que denunciar no protege.
En la práctica, ese “efecto miedo” suele traducirse en:
- Denuncias tardías (cuando la violencia ya escaló y el riesgo es mayor).
- Subregistro de amenazas y control coercitivo (persecución, vigilancia, acoso).
- Aislamiento y ruptura de redes de apoyo, por temor a represalias.
El dato oficial añade un matiz clave: de acuerdo con el boletín presentado por el Ministerio Público, solo tres víctimas de feminicidio en enero-marzo habían realizado denuncias previas, lo que —según la institución— limita la activación temprana de mecanismos de protección. El caso de Esmeralda, sin embargo, coloca otra pregunta en el centro: ¿Qué ocurre cuando sí hay denuncia, pero la protección no se materializa a tiempo o con la fuerza necesaria?
“El hombre no entiende el abandono”: la violencia tras la separación
Almonte propone mirar el feminicidio desde el entramado de poder que puede activarse cuando la mujer decide irse. “Evaluar la situación del feminicidio es entender… la autonomía del cuerpo de la mujer” y lo que sucede cuando ella abandona una relación violenta, explica. En ese punto, añade, el agresor puede no aceptar el abandono porque opera una lógica de propiedad y jerarquía: “como es una cadena de poder… usted entiende que la mujer le pertenece”.
Según el especialista, esa idea se sostiene en normalizaciones culturales (“proveedor”, “cabeza de la casa”) que terminan convirtiendo la ruptura en una afrenta: el agresor no asimila el porqué de la separación ni que la mujer pueda rehacer su vida. Para Almonte, en el caso de Esmeralda se suma un elemento reiterado en historias de violencia extrema: antecedentes de maltrato psicológico o físico y una escalada al momento de intentar salir de la relación.
Denunciar y quedar expuesta: el punto crítico está después de la Fiscalía, no solo antes
Almonte insiste en el “después” de poner la denuncia: los procesos de prevención y atención serían “muy mínimos” y la protección no estaría respondiendo al nivel de riesgo. Señala que la atención integral —conforme a los mecanismos que menciona de la Ley 24-97— debería articular acompañamiento tras la Policía y la Fiscalía, con medidas efectivas para resguardar a la víctima.
El boletín del Ministerio Público ayuda a dimensionar la demanda sobre el sistema: en enero-marzo se gestionaron 7,644 solicitudes de órdenes de protección, pero 2,234 fueron otorgadas. Aun sin adelantar conclusiones sobre responsabilidades específicas en un caso bajo investigación, el escenario general plantea una urgencia: si denunciar no activa protección inmediata y verificable, la denuncia puede convertirse en un punto de exposición.
Almonte también advierte sobre la necesidad de empujar un sistema integral de prevención de la violencia contra la mujer que, según su declaración, lleva años en discusión para formalizarse como ley, mientras la violencia machista sigue en aumento. Sus porcentajes —“por encima del 14 %” y una posible subida tras el caso— apuntan a una percepción extendida: las respuestas institucionales no están conteniendo la escalada.
El mismo informe oficial ubica la violencia en una escala masiva. Cerca del 89 % de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y violencia de pareja, mientras el restante 10.57 % se vincula a delitos sexuales.
En la distribución territorial, Santo Domingo figura como la provincia con más casos reportados (5,766).
Si estás en riesgo
Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien en situación de riesgo, puedes llamar a la Línea Mujer *212, servicio de asistencia a mujeres afectadas por violencia, disponible las 24 horas en todo el territorio nacional. En una emergencia inmediata, también puedes comunicarte con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
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