La auditoría de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) al Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) detectó controles institucionales incompletos, cuentas bancarias fuera del sistema de gestión financiera y discrepancias en los registros de vehículos, terrenos y otros activos. Según el documento examinado, los hallazgos corresponden al período de septiembre de 2022 a diciembre de 2023.
El sistema de control interno obtuvo una calificación de 59.37% en 2023, correspondiente al nivel “Mediano”, según la auditoría. La institución también mantenía en elaboración las políticas y los procedimientos de presupuesto y donaciones. Estos resultados describen deficiencias de control y registro; no acreditan desvíos de recursos ni permiten establecer responsabilidades individuales.
La auditoría se notificó mediante una comunicación emitida el 1 de marzo de 2024. Su objetivo era comprobar la eficiencia y eficacia de los controles aplicados al ciclo presupuestario, compras y contrataciones, tesorería, cuentas por pagar, bienes, inventarios y recursos humanos. Según el documento, se utilizaron muestras de los rubros examinados, aunque el texto disponible no detalla su tamaño ni cómo se seleccionaron.
El Ministerio Administrativo de la Presidencia coordina el apoyo administrativo a la Presidencia y vela por sus dependencias. Sus funciones incluyen coordinar la asignación de fondos para contingencias, fiscalizar las operaciones contables de las instituciones que dependen directamente del Secretariado Administrativo de la Presidencia y organizar actividades de la Casa de Gobierno y actos presidenciales dentro y fuera del país.
El periodo fiscalizado corresponde a la gestión de José Ignacio Paliza como ministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia durante 2022 y 2023. Sin embargo, el informe no atribuye responsabilidad individual de los hallazgos detectados en la auditoría,
Control interno
La evaluación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) muestra resultados desiguales. Información y Comunicación obtuvo 95.45 %; Ambiente de Control, 81.40 %; y Actividades de Control, 80.00%: los tres componentes fueron clasificados como satisfactorios. Valoración y Administración de Riesgos alcanzó 40.00%, con nivel mediano, mientras que Monitoreo y Evaluación registró 0.00%, calificado como incipiente.
Ante esos resultados, los auditores recomendaron solicitar acompañamiento a la Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría, elaborar matrices de riesgo por área y revisar las políticas y los procedimientos institucionales. Para presupuesto y donaciones, cuya documentación seguía en elaboración durante la revisión, plantearon diseñar procedimientos y controles ajustados a las NOBACI.
Tesorería
La auditoría encontró tres fondos de caja chica por encima del límite de 200 mil pesos citado en el procedimiento de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Caja General tenía 500 mil pesos; la Dirección de Ingeniería y Servicios Generales, 400 mil pesos; y la Dirección de Desarrollo de Proyectos Comunitarios, 400 mil pesos. El excedente conjunto reportado fue de 700 mil pesos.
Los auditores recomendaron revisar los fondos de anticipos financieros, dar a conocer las normas aplicables y evaluar su cierre cuando fuera necesario. Advirtieron del riesgo de utilizar los recursos de forma ineficiente, pero el texto no demuestra que eso hubiera ocurrido con esos fondos.
En el manejo de las cuentas bancarias, la revisión encontró cinco cuentas vigentes y un certificado financiero que no estaban incorporados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Los auditores recomendaron gestionar su incorporación con la Tesorería Nacional, regularizar los gastos correspondientes y comprobar que los saldos bancarios coincidieran con los registros del sistema.
Además de esas observaciones, la auditoría describe dos fondos con reposición mensual: uno en avance por excepción para viajes del presidente de la República, creado por la Resolución Núm. 039-2023, por 30 millones de pesos; y otro para viáticos dentro del país, creado por la Resolución Núm. 040-2023, por 1 millón 630 mil 35 pesos. Esas cantidades indican las reposiciones descritas en la revisión, no cuánto se gastó o se desembolsó en todo el período.
En cuanto a los ingresos, la auditoría reporta 7 millones 835 mil 308 pesos en intereses de certificados financieros entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, que se clasifican como ingresos extrapresupuestarios. La tabla incluye tres certificados por un monto conjunto de 110 millones de pesos. Conviene distinguir ambas cifras: una corresponde al valor de los certificados y la otra a los intereses obtenidos. Este apartado es informativo y no señala una debilidad de control interno sobre esos ingresos.
Inventarios físicos
El Mapre reportaba inventarios de consumo por 32 millones 120 mil 947 pesos al 31 de diciembre de 2023. Según la auditoría, no realizó los inventarios físicos semestrales de materiales y suministros. Los auditores citan una norma que exige al menos dos tomas físicas por período fiscal y la comparación de sus resultados con los registros auxiliares y contables.
Para atender esa debilidad, los auditores recomendaron verificar físicamente las existencias y planificar los conteos institucionales. La falta de esas comprobaciones plantea riesgos: que haya existencias sin registrar o bienes anotados que no se encuentren físicamente. El texto describe esas posibilidades, no faltantes comprobados.
Registros patrimoniales
En los activos fijos, la auditoría también encontró registros pendientes de actualización en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB). La tabla de 2023 compara 1 mil 336 millones 735 mil 950 pesos en los registros auxiliares de la institución con 156 millones 855 mil 745 pesos en el SIAB; la diferencia reportada es de 1 mil 179 millones 880 mil 204 pesos. Para aclararla, los auditores recomendaron hacer un levantamiento de todos los activos y actualizar los registros cada vez que se adquirieran o se dieran de baja bienes.
Para dimensionar ese rezago, la auditoría presenta porcentajes junto con valores monetarios que agrupan 2022 y 2023: un 12% registrado en el SIAB y un 88% pendiente de registro. No se trata de un conteo físico de bienes ni de un resultado exclusivo del cierre de 2023. Además, el total registrado en el SIAB difiere entre el relato y la tabla, por lo que esa discrepancia requiere aclaración documental.
La revisión también señala que la gestión anterior no entregó un inventario físico general detallado de bienes muebles. Como explicación institucional, reproduce una comunicación de la Dirección Financiera del 20 de mayo de 2024: el ministerio recibió los registros existentes en AVACOMP, pero no ese inventario físico. Esta información describe la documentación recibida y no permite determinar la existencia de bienes faltantes.
En los registros de vehículos, la auditoría encontró 2.083 a nombre del Mapre en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), frente a 311 en el auxiliar de equipos de transporte. El documento atribuye los registros de la DGII a gestiones anteriores y reporta una diferencia de 1.772 vehículos. La discrepancia es registral: el texto disponible no establece dónde se encontraba cada vehículo ni permite concluir que todos estuvieran desaparecidos.
Para aclarar la diferencia en los vehículos, los auditores recomendaron verificar físicamente los equipos de transporte, establecer controles de registro y codificación, y seguir los procedimientos de baja que indique la Dirección General de Bienes Nacionales.
La auditoría identificó además dos solares en el sector Despradel, provincia de La Vega, registrados en la DGII pero ausentes de los auxiliares institucionales, por un valor reportado de 5 millones 710 mil 125 pesos. Los auditores recomendaron solicitar la relación de inmuebles a nombre del Mapre y recopilar títulos, contratos, planos y documentación sobre su situación legal.
Compras y contrataciones
En compras y contrataciones, el resultado fue distinto: los auditores afirman que no encontraron debilidades importantes de control interno. La revisión registra 845 procedimientos por 1.871.957.504 pesos durante el período auditado. Esa conclusión se limita al alcance de la auditoría y no constituye una certificación absoluta de cada contratación.
La tabla muestra que los 57 procesos de excepción sumaron 1 mil 357 millones 17 mil 844 pesos y representaron el 72% del monto adjudicado. Las otras modalidades fueron licitaciones públicas nacionales, comparaciones de precios, compras menores, compras por debajo del umbral y una subasta inversa. Esa distribución describe las modalidades utilizadas, pero no permite establecer una irregularidad. En el alcance de su revisión, la auditoría no encontró debilidades importantes de control interno en el área.
Presupuesto
En materia presupuestaria, el documento señala que la institución ejecutó el 96 % del presupuesto vigente de 2022 y el 92% del de 2023. Los auditores recomendaron revisar los montos reservados para gastos y devolver a la cuenta presupuestaria correspondiente la parte no consumida al reconocer el gasto.
La tabla del ciclo presupuestario reporta un presupuesto subutilizado de 116 millones 919 mil 457 pesos en 2022 y 219 millones 728 mil 270 pesos en 2023. Para 2022, distingue 11 millones 401 mil 950 pesos sin programación del gasto y 105 millones 517 mil 506 pesos programados pero no consumidos.
Para 2023, la misma tabla presenta 63 millones 506 mil 268 pesos sin programación del gasto y 156 millones 222,001 pesos programados pero no consumidos. Estas cantidades proceden del apartado de ejecución presupuestaria. Las diferencias entre las tablas requieren documentación adicional para comprobar que sus valores coinciden. La falta de ejecución de una parte del presupuesto no demuestra una pérdida de recursos.
Cuentas por pagar y nómina
El apartado de cuentas por pagar presenta un total de 624 millones 361 mil 707 pesos. La tabla reúne 423 millones 841 mil 209 pesos en la columna “Balance del 01/09 al 31/12/2022” y 200 millones 520 mil 497 pesos en “Balance al 31/12/2023”.
La composición de ese total, sin embargo, necesita aclaración. El relato de la auditoría lo sitúa al cierre de 2023, pero no explica cómo se relacionan el balance de 2022 y el de 2023 presentados en la tabla. Antes de tratarlo como saldo de esa fecha, es necesario confirmar qué incluye. El informe tampoco permite determinar cuándo vencían los pagos, cuánto tiempo llevaban pendientes o si estaban atrasados.
En cuanto al personal, la tabla registra 927 colaboradores al 31 de diciembre de 2023. El documento distingue ocho tipos de nómina: personal fijo, temporal, de carácter eventual, consultoría jurídica, trámite de pensión, fuera de Palacio, oficina de la primera dama y seguridad. También reporta 110 millones 43 mil 724 pesos, pero la tabla termina incompleta y no permite precisar suficientemente qué período cubren los importes. Por esa limitación, el monto no se presenta como gasto salarial de todo el período auditado ni se utiliza para calcular un salario promedio.
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