Bajo estricta custodia policial, fueron conducidos este lunes a la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional los diez imputados en la Operación Lobo, acusados de integrar una presunta red de corrupción que operó durante al menos una década en múltiples instituciones públicas.
El juez Rigoberto Sena conoce por segunda ocasión la solicitud de medidas de coerción contra los implicados, luego de que el pasado 10 de julio la magistrada Fátima Veloz aplazara la audiencia para que los abogados de la defensa pudieran revisar el voluminoso expediente.
La investigación del Ministerio Público, originada por una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, detalla un esquema criminal supuestamente encabezado por funcionarios públicos y empresarios que utilizaban la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) como plataforma para canalizar sobornos.
Según el expediente, a cambio de contratos, agilización de pagos y omisión de controles en instituciones como Edesur, Edenorte, Senasa, Inaipi y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los encartados habrían recibido pagos ilícitos disfrazados como “comisiones” o “servicios”.
Entre los implicados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Elías Camaño Pérez, señalados como receptores de pagos sin justificación contractual.
Uno de los casos emblemáticos incluidos en la documentación describe cómo Senase transfirió más de RD$ 15 millones en sobornos a funcionarios de Edesur, a través de cheques y transferencias electrónicas.
El operativo que derivó en esta audiencia incluyó 15 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional. El Ministerio Público solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
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