Conocerán coerción a implicados en Operación Lobo; PEPCA asegura red manejó más de RD$100 millones en sobornos

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tiene previsto conocer la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Lobo, un caso que involucra a 10 militares y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción que afectó múltiples instituciones públicas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó anoche el expediente formal, en el cual solicita prisión preventiva como medida de coerción. El Ministerio Público fundamenta su solicitud en más de 500 pruebas y sostiene que los imputados manejaron más de RD$100 millones en sobornos.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, advirtió que esta operación apenas comienza “Como en todas nuestras operaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”.

Ortiz también indicó que la red operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, afectando instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como las tres empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El pasado lunes, el Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección General de Persecución, ejecutó 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago. En estos operativos participaron 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional.

Según las autoridades, la investigación se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por la doctora Milagros Ortiz Bosch.

La PEPCA y la Dirección General de Persecución afirmaron que continúan con las líneas de investigación bajo una visión “rigurosa y holística” como promueve la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y la corrupción en todos sus niveles.