Así operaba, según el Ministerio Público, la red de corrupción en operación Lobo

Durante al menos una década, la red de corrupción desmantelada mediante la operación Lobo, un esquema criminal liderado por funcionarios públicos y empresarios, distribuyó millonarios sobornos a cambio de facilitar contrataciones, omitir supervisiones y acelerar pagos de servicios de vigilancia privada en instituciones del Estado, según el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente acusatorio, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) sirvió como centro de operaciones para canalizar pagos ilícitos a funcionarios de entidades como Edesur, Edenorte, Senasa, Inaipi y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entre los implicados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y Elías Camaño Pérez, quienes, según los documentos, recibieron pagos directos sin justificación contractual, amparados en mecanismos contables como “comisiones” y “pagos por servicios”, que en realidad encubrían sobornos.

Uno de los casos documentados se remonta a Edesur, donde el Ministerio Público asegura que Senasa transfirió más de RD$ 15 millones en sobornos, incluyendo pagos directos a través de cheques y transferencias electrónicas.

Estas sumas tenían como finalidad “neutralizar” la supervisión institucional sobre los contratos de seguridad.

En Senasa se registraron pagos periódicos a Elías Camaño Pérez, encargado de la seguridad, por más de RD$ 3 millones, mientras que en Edenorte, el entonces jefe de seguridad Andrés Pacheco Valera habría recibido RD$ 5.1 millones mediante transferencias mensuales pactadas en reuniones privadas para facilitar pagos y contrataciones.

El expediente detalla además cómo se manipulaban licitaciones en el Inaipi, donde los implicados exigían sobornos de hasta RD$ 200,000 a cambio de asegurar adjudicaciones, obstaculizando a otras empresas y excluyendo vigilantes contratados de los centros infantiles.

“Este esquema operó de manera sostenida desde al menos el año 2012 hasta el 2022, consolidándose como una práctica habitual de corrupción administrativa y lavado de activos”, afirma la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Medida de coerción

Aunque está previsto que la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción se celebre este jueves, el abogado de la defensa Félix Portes expresó sus dudas de que se lleve a cabo, debido a que varios de los defensores aún no han sido notificados formalmente ni se les ha presentado el cuerpo de pruebas.

Portes indicó que está preparado para participar en la audiencia, pero señaló que algunos de sus colegas aún no se encuentran en condiciones de hacerlo.

Anoche, el Ministerio Público depositó formalmente el expediente del caso, el cual consta de 463 páginas.