El presidente Luis Abinader aseguró que el combate a la corrupción es una realidad basada en el compromiso de su Gobierno y de la sociedad dominicana que incluye el castigo al corrupto y al corruptor.
Lo remarcó al encabezar la presentación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el nuevo Código Penal y la Ley de Compras y Contrataciones, herramientas que, indicó, fortalecen la prevención, el control y la sanción de las malas prácticas administrativas.
Así lo afirmó durante LA Semanal con la prensa, al tiempo que explicó que el tema fue el eje central del último Consejo de Gobierno, en el que se presentaron a los funcionarios las nuevas sanciones que contemplan esas normativas.
“Este es un mensaje contundente, no vamos a aceptar ningún acto ilegal y quien incurra en ellos deberá enfrentar la justicia”, advirtió.
El mandatario destacó que con está normativa la corrupción se tipifica como un delito autónomo, con penas que van desde los tres hasta diez años de prisión, así como inhabilitación para ejercer funciones públicas y multas económicas.
“Estamos robusteciendo nuestro marco legal para garantizar transparencia, confianza ciudadana y rendición de cuentas”, subrayó.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha digitalizado gran parte de los procesos públicos, lo que facilita la auditoría social y la participación de la ciudadanía en la fiscalización.
El jefe de Estado indicó que la estrategia está basada en seis ejes: transparencia y acceso a la información, calidad democrática, profesionalización del servicio público, integridad en contrataciones, fiscalización de recursos públicos y lucha contra la impunidad en la justicia.
En ese sentido, Abinader anunció el lanzamiento de la campaña “Protegiendo lo nuestro”, que busca educar a servidores públicos y ciudadanos sobre los mecanismos de denuncia y la importancia de prevenir la corrupción.
La iniciativa incluye capacitaciones, talleres y material digital y físico en todas las instituciones del Estado.
De su lado, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que la campaña se enfocará en la formación sistemática de funcionarios para promover una cultura de integridad.
“La prevención es más rentable, más humana y más efectiva que sancionar después. Si cumplimos con las normas de la administración pública, muchos problemas se evitarían”, aseguró.
Ortiz Bosch agregó que la estrategia no se limita a sancionar, sino a “proteger a los servidores públicos en su conducta, con un acompañamiento educativo que fomente la denuncia segura y la cultura organizacional”.
Mientras que, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, detalló los cambios de la nueva ley que, a su entender, devuelve el sistema de consecuencias al régimen de contrataciones públicas.
“La legislación anterior carecía de sanciones efectivas. Ahora se contemplan penas de 3 a 10 años de cárcel, inhabilitación y multas económicas para quienes alteren procesos, otorguen contratos sin licitación o incurran en falsedades documentales”, puntualizó.
Pimentel añadió que la normativa fortalece la prevención de conflictos de interés, promueve la igualdad de oportunidades para proveedores y amplía de cinco a diez años el período de prescripción de los ilícitos.
“Se trata de un marco legal alineado con las recomendaciones internacionales de la ONU y la OEA contra la corrupción”, enfatizó.
El presidente Abinader resaltó que la responsabilidad no recae solo en funcionarios, sino también en las empresas que incurren en prácticas corruptas. El nuevo marco penal establece sanciones a personas jurídicas, incluyendo soborno transnacional y complicidad en actos ilícitos cometidos con servidores públicos.
Entre los delitos tipificados en el Código Penal se incluyen especulado, desfalco, prevaricación, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, omisión en declaraciones juradas, soborno, tráfico de influencias, abuso de poder y uso ilegal de información privilegiada, todos con sanciones que buscan erradicar la impunidad.
“Les leímos la cartilla a todos los funcionarios en el Consejo de Gobierno. Algunos incluso pidieron que la Procuraduría General lleve el mensaje directamente a sus instituciones, porque hay voluntad de cumplir”, manifestó el mandatario.
En tanto que, Milagros Ortiz Bosch destacó que estas reformas responden a compromisos internacionales asumidos por el país en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo cumplimiento estaba rezagado. “Hoy estamos al día con las mejores prácticas internacionales”, afirmó.
El presidente reiteró que el objetivo principal es construir una cultura de integridad, donde la transparencia sea norma y no excepción.
“La corrupción ya no tiene espacio en la República Dominicana. Quien cometa un acto ilegal, sea funcionario o empresa, deberá responder ante la justicia”, precisó.
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