Ingenieros designados por el tribunal y representantes del Ministerio Público realizaron este viernes una inspección ocular en las ruinas de la discoteca Jet Set, en el marco del nuevo peritaje técnico ordenado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el auto núm. 057-2026.
El recorrido se produce dos días después de que se cumpliera exactamente un año desde que el techo de ese centro de entretenimiento nocturno se desplomó sobre cientos de personas durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejando 236 fallecidos -incluyendo al merenguero- y más de 100 heridos en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país.
Un peritaje que divide posiciones
El nuevo estudio pericial fue autorizado a solicitud de la defensa de los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras, propietarios del local, quienes enfrentan cargos por el colapso. Los ingenieros designados —José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta— tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus conclusiones.
El análisis deberá abarcar la evaluación de la carbonatación del concreto, el estado de las varillas de acero, los cables de pretensado y otros aspectos estructurales que permitan determinar si el desplome obedeció a fallas en el diseño, en la construcción o en las modificaciones realizadas al inmueble a lo largo de los años.
Sin embargo, la medida no está exenta de controversia. Como informó el abogado Jean Carlos Martínez Segura, representante de varias víctimas, había advertido que el nuevo peritaje carecería de eficacia probatoria, dado que la estructura ya está deteriorada y las condiciones actuales no garantizan resultados confiables. A su juicio, el primer peritaje —realizado de forma oportuna por técnicos locales e internacionales— es suficiente para establecer responsabilidades.
El MP ya presentó su acusación formal
El pasado 6 de abril, los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía presentaron ante el tribunal una acusación formal de 156 páginas, en la que solicitaron la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Espaillat. El expediente detalla cómo el techo fue sobrecargado con equipos de climatización y depósitos de agua sin que mediaran estudios técnicos que avalaran la estructura, y que los administradores ignoraron señales de alerta previas al colapso.
Según el seguimiento, el Ministerio Público acumula alrededor de 120 querellas vinculadas a la tragedia, y hasta el 6 de abril se habían registrado 141 querellantes que aún deben concretar sus demandas civiles. La próxima audiencia preliminar está fijada para el 20 de abril.
Un año de dolor y justicia pendiente
Los hermanos Espaillat obtuvieron la libertad en junio de 2025, tras el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, decisión que fue cuestionada tanto por los familiares de las víctimas como por el propio Ministerio Público, que apeló la medida.
Mientras el proceso judicial avanza a su ritmo, las familias de los 236 fallecidos siguen reclamando en las calles. Misas, vigilias y manifestaciones han marcado este primer aniversario de una tragedia que pudo haberse evitado y que todavía espera una respuesta de la justicia dominicana.
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