Los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio no solo han dejado miles de muertos y millones de potenciales damnificados, sino que también han colocado a ciudadanos venezolanos residentes en República Dominicana en una situación de incertidumbre migratoria.
Mientras Estados Unidos adoptó medidas temporales para facilitar las labores de socorro vinculadas a la tragedia, en República Dominicana permanece pendiente una decisión sobre la posible flexibilización de los requisitos para la renovación de permisos temporales de trabajo de ciudadanos venezolanos.
El pasado 25 de junio, Estados Unidos autorizó determinadas transacciones con Venezuela, prohibidas previamente por las sanciones, siempre que estén relacionadas con las «labores de socorro» tras los terremotos.
El Departamento del Tesoro estadounidense emitió una autorización que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026 y que contempla actividades que, de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés).
La disposición establece, sin embargo, que la autorización no contempla el desbloqueo de bienes sujetos al régimen de sanciones administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Tampoco permite otras transacciones o actividades prohibidas por órdenes ejecutivas o disposiciones incluidas dentro del marco de sanciones aplicado a Venezuela.
República Dominicana anunció evaluación
Cuatro días después, el 29 de junio, el Gobierno dominicano informó que convocaría al Consejo Nacional de Migración para analizar una eventual flexibilización de los requisitos para renovar los permisos temporales de trabajo de ciudadanos venezolanos.
La posibilidad surgió ante las dificultades que enfrentan los nacionales venezolanos para obtener la documentación requerida por las autoridades dominicanas, como consecuencia de los daños provocados por los terremotos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó entonces que el Consejo Nacional de Migración sería convocado «en los próximos días» para abordar el tema, junto con otros asuntos de la agenda migratoria.
El anuncio fue realizado luego de una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, cuando periodistas preguntaron a la funcionaria sobre la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para los venezolanos residentes en el país.
«Hasta el momento simplemente estamos con la resolución que usted ha mencionado emitida por la Dirección General de Migración. En los próximos días estaremos convocando al Consejo Nacional de Migración para este y otros temas, que contará con la presencia del señor presidente de la República», declaró Raful.
No obstante, tras el anuncio de que la situación sería evaluada, las autoridades dominicanas no han comunicado públicamente una decisión definitiva sobre una flexibilización especial vinculada a las consecuencias de los terremotos.
Esta falta de definición mantiene a ciudadanos venezolanos en un péndulo migratorio, entre los requisitos establecidos para conservar su estatus regular en República Dominicana y las dificultades materiales para obtener documentos en una Venezuela golpeada por la catástrofe.
Terremotos golpean infraestructura documental
Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el centro-norte de Venezuela el 24 de junio dejaron, según cifras actualizadas al 11 de julio, al menos 4,333 muertos, con La Guaira como el estado más devastado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que hasta 6.76 millones de personas podrían resultar damnificadas por la tragedia.
Las réplicas también han mantenido la preocupación entre la población. Días después de los terremotos se registraron nuevos movimientos sísmicos, incluido uno de magnitud 4.6 en la costa de La Guaira.
La catástrofe afectó parte de la infraestructura administrativa y documental venezolana, dificultando que ciudadanos puedan tramitar o renovar pasaportes, obtener certificaciones y acceder a otros documentos requeridos en procesos migratorios.
Para los venezolanos residentes en República Dominicana, estas dificultades representan un obstáculo adicional al momento de cumplir con las exigencias establecidas para renovar permisos y mantener su estatus migratorio regular.
La expectativa permanece puesta en el Consejo Nacional de Migración y en una eventual decisión del Gobierno dominicano que tome en consideración las circunstancias extraordinarias provocadas por la tragedia en Venezuela.
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