La abogada Ingrid Hidalgo, representante de la imputada en el desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Cinty Acosta Sención, indicó este viernes que la defensa no ha llegado a ningún acuerdo con el Ministerio Público y que solo están presentando la "realidad de los hechos".
Hidalgo explicó que su clienta fue "víctima" de extorsión por parte del exdirector de Senasa Santiago Hazim, de quien asegura le exigió a Acosta Sención un 30 % del contrato otorgado.
Sostuvo que, pese a cumplir “a cabalidad” con todas las obligaciones contractuales, el contrato fue suspendido luego de que Acosta Sención se negara a pagar el porcentaje solicitado.
La abogada indicó que un emisario, cuyo nombre no reveló, pero que sostuvo "es conocido públicamente", actuó como intermediario en la presunta extorsión y actualmente figura como testigo.
Hidalgo realizó tales declaraciones al salir de la sala de audiencia del Segundo Tribunal Colegiado durante un receso de 15 minutos de la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados en el caso Senasa, que inició pasada las 3:00 p.m. pese a estar pautada para las 2:00 p.m.
Los imputados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector ejecutivo del Senasa), Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Salud) y los empresarios suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera, se encuentran en la sala de audiencias ofreciendo sus declaraciones al juez Rigoberto Sena.
Sobre el caso
El pasado 13 de septiembre, por instrucciones directas del presidente Luis Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en el Senasa.
La investigación, en la que también participaron funcionarios de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, se originó a raíz de denuncias del programa de televisión Reporte Especial con Julissa Céspedes, que expuso un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.
El sábado 6 de diciembre, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, en la cual figuran personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que habría defraudado Senasa por unos 15 mil millones de pesos.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través de Senasa.
Durante los allanamientos fueron detenidos todos los imputados de colusión de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
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