Un protocolo de atención a los huérfanos por feminicidio quedó en papeles

La infancia es una de las mejores etapas que puede vivir un ser humano, pero se ve empañada ya que casi un tercio de los niños, niñas y adolescentes dominicanos presenciaron la violencia basada en género. Esta situación pone en dificultad su desarrollo socioeconómico y bienestar, alejándose de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.

El Ministerio de la Mujer registró 310 niños, niñas y adolescentes en condiciones de orfandad como resultado de los feminicidios cometidos entre 2016 y 2022. Esto en parte, motivó en 2015 al Gobierno dominicano lanzar el Protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio, elaborado por diversas instituciones gubernamentales para impactar a 300 niños cada año.

Hasta la fecha, la falta de información y la desconexión entre las instituciones responsables han impedido una implementación efectiva. 

Desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) afirmaron que “no existe una información que brinde cifras certeras de menores de edad acogidos en este programa por víctimas de feminicidio”.

“No hay un indicador específico para cuantificar esta problemática. Aunque Conani ha brindado protección a casos eventuales que han llegado con este perfil específico”.

Sheila Báez, profesora de Ciencias Sociales, consideró que las familias que acogen a estos huérfanos, muchas veces en condiciones de extrema pobreza, no reciben el apoyo adecuado del Estado.

Un estudio realizado por la Fundación Vida sin Violencia sobre los huérfanos por feminicidio constató la dificultad de tener datos precisos por las circunstancias que rodean el hecho. Los datos que al respecto ofrece la Procuraduría General de la República sobre el número de niños, niñas y adolescentes en esta condición, son aproximativos.

“Lamentablemente los feminicidios siguen ocurriendo, y cada día tenemos nuevos lugares para alcanzar los casos”, reveló la encargada de Red de Fraternidad de Supérate, Violeta Quezada.

A 2024, 349 familias y 705 niños huérfanos estaban contabilizados en el programa de Supérate, “la cantidad puede ser mucho más, porque lamentablemente ahora es que la Procuraduría está haciendo un esfuerzo, pero no tenía contemplado antes las estadísticas de estos menores de edad”.

En el caso de este organismo estatal, “no mira” estatus económico, debido a que el programa está dirigido a otorgar un bono de recuperación económica y dar seguimiento legal a cada familia.

El bono es de RD$ 10,000 mensuales, RD$ 11,674 menos que el salario mínimo nacional (RD$ 21,674) de abril 2025 y 4.6 veces menos que el costo de la canasta familiar (RD$ 46,716 a marzo), de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Banco Central dominicano (BC).

Ante esta diferencia económica, Quezada afirmó: “Nunca será suficiente para ninguna familia. Nosotros no pretendemos resolverle el presupuesto… Es dar y ofrecer una ayuda económica”. Agregó que el Gobierno realiza este aporte denominado “reparación económica”.

Aclaró que este apoyo no debe ser un bono de reparación económica, sino de una asistencia integral.

“Desde el programa de protección social vemos a las familias más allá de una tarjeta, aquí en la entidad tenemos programas de acompañamiento que van desde sacar el acta de nacimiento hasta las pensiones”.

A pesar de contar con leyes como la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y 10s Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y propuestas como pensiones para huérfanos, las dificultades para implementar estas medidas son evidentes, debido a la falta de recursos y coordinación entre instituciones.

Estos menores de edad, de acuerdo con el protocolo de Protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio (publicado en 2015) involucran al Ministerio de la Mujer, Conani, Ministerio Público, Vicepresidencia de la República y Progresando por Solidaridad (hoy Supérate).

“El rol del Estado es crear políticas públicas y darles continuidad, especialmente en el abordaje de las víctimas de violencia”, afirmó el abogado especialista en Derecho de Familia, Giovanni Hernández Espinal.

Hizo hincapié en el “Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidio”, creado en 2015, que “representa un esfuerzo por tratar esta problemática de manera integral, con el objetivo de proteger no solo a las mujeres víctimas de violencia, sino también a sus hijos e hijas menores en las 12 casas de acogidas existentes”.

Hernández Espinal explicó que el protocolo es un instrumento que como política pública hace un abordaje integral de esa problemática, que incluye a todas las instituciones que tiene un rol protagónico para esos casos.

Es un protocolo que puede ser mejorado, consideró la ejecutiva de Supérate. De hecho, Quezada informó que “han intentado en diferentes ocasiones revisarlo desde las diferentes instituciones que lo conforman”.

Esta situación hizo reflexionar a la abogada Verónica Núñez, quien explicó que se podría crear “fondos de compensación para menores víctimas de la violencia basada en género”.

Detalló que, siguiendo las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, se podría crear un fondo nacional destinado a cubrir las necesidades materiales, educativas y emocionales de los menores de edad.

“Este fondo debe ser gestionado con transparencia y supervisado por organismos especializados en derechos infantiles”, sugirió la ejecutiva.

Las deficiencias de las políticas públicas dominicanas en cuanto a la protección de niños huérfanos a causa de feminicidios, subraya la falta de legislación específica para estos casos y la escasez de programas integrales de apoyo. El desafío radica en fortalecer los mecanismos de atención, rehabilitación y protección para garantizar el bienestar de los menores afectados por la violencia basada en género.

“Pero es necesario trabajar desde la prevención. Una herramienta para desmontar los patrones de violencia con los que se crían muchos niños en nuestro país es el anteproyecto de Ley para crear un programa de Crianza Positiva”, expresó.

Acotó que el proyecto sigue engavetado, a pesar de que podría complementar el marco de respuesta actual y representar una transformación estructural, ya que busca dotar de recursos a instituciones encargadas, en términos simples, de educar sobre cómo ser padre y madre sin afectar el desarrollo de los infantes.

El Gobierno dominicano, con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público liderando, trabaja en la construcción del Sistema de Registro Único de Violencia, desde el cual se le daría seguimiento estadístico. Conani señaló que el proceso se enmarca del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

El Ministerio de la Mujer a fecha de publicación de este reportaje no respondió la solicitud de este medio de comunicación.

Sheila Báez destacó que, a pesar de las propuestas de leyes y protocolos para proteger a los huérfanos por feminicidio, las acciones concretas siguen siendo insuficientes. Asimismo, hizo un llamado a una mayor voluntad política para enfrentar este problema social de manera integral.

“No es suficiente con crear casas de acogida o hacer campañas mediáticas. La violencia basada en género requiere un cambio cultural profundo y un compromiso real del Estado para proteger a las mujeres y a los niños que quedan atrapados en este ciclo de violencia”, concluyó.

A pesar de los esfuerzos institucionales y legales, los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio en República Dominicana siguen enfrentando una protección insuficiente.

Las deficiencias en el acompañamiento estatal, la falta de datos precisos y la escasa implementación de políticas públicas integrales reflejan una deuda estructural con esta población vulnerable.

Para avanzar, los expertos consultados por ACENTO afirman que se requiere prevención efectiva, voluntad en adecuar el Código Penal y un compromiso con su bienestar.