Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Tony Vallejo Méndez, acusado de asesinar a tiros a su pareja, Nancy Sánchez Gálvez, frente al Hospital Docente Universitario Darío Contreras, en un hecho ocurrido el pasado 22 de junio que también dejó gravemente herida a otra mujer.
La medida fue dictada por la jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien ordenó que el imputado cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió después de un episodio de violencia en la vivienda que la pareja compartía. La institución sostiene que Vallejo Méndez exigió a Sánchez Gálvez que le entregara su teléfono celular, lo que desencadenó una discusión durante la cual la habría golpeado y causado lesiones en el rostro.
Tras la agresión, la mujer se trasladó en su vehículo al Hospital Darío Contreras para recibir atención médica. Sin embargo, según la investigación, el imputado la siguió en una motocicleta hasta el centro de salud y, cuando la víctima se disponía a desmontarse frente al área de emergencias, volvió a exigirle el teléfono antes de dispararle en varias ocasiones.
Los disparos causaron la muerte de Sánchez Gálvez e hirieron de gravedad a otra mujer que se encontraba en el lugar y que permanece ingresada en el mismo hospital.
Durante la audiencia de medida de coerción, el Ministerio Público presentó las evidencias recopiladas hasta el momento para sustentar la solicitud de prisión preventiva, al considerar que la gravedad de los hechos justifica la medida.
La Fiscalía calificó provisionalmente el caso como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la violencia contra las mujeres y los feminicidios en República Dominicana, así como la capacidad de respuesta institucional para prevenir agresiones que, en ocasiones, escalan hasta hechos letales incluso cuando las víctimas buscan asistencia médica o protección.
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