La audiencia preliminar del caso Operación Lobo, en lo que respecta al imputado Elías Camaño Pérez, fue suspendida este lunes luego de que su defensa presentara una nueva recusación contra el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El abogado Nelson Burgos explicó que la audiencia concluyó rápidamente luego de que el magistrado rechazara el planteamiento de la defensa, que solicitaba suspender el conocimiento del proceso hasta que se resolviera una recusación pendiente relacionada con el expediente principal.
Burgos sostuvo que, ante esa decisión, la defensa optó por presentar una nueva recusación, alegando la necesidad de proteger el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
El abogado indicó que el expediente correspondiente a su representado será remitido a la Corte de Apelación, que deberá conocer y decidir sobre la recusación.
Asimismo, confirmó que el tribunal suspendió la audiencia sin establecer una nueva fecha, por lo que el proceso contra Camaño Pérez no podrá continuar hasta que la corte emita una decisión.
De su lado, el fiscal Ernesto Guzmán manifestó que el Ministerio Público espera que la recusación sea rechazada y se ordene la continuación del proceso, al considerar que no existen motivos jurídicos válidos para suspenderlo.
Guzmán señaló que Elías Camaño Pérez podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión en caso de ser condenado.
¿Por qué Elías Camaño fue separado del proceso?
El imputado, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), fue separado del conocimiento de la audiencia preliminar el pasado 26 de octubre, luego de someterse a una intervención quirúrgica en ambos ojos y recibir una licencia médica de 15 días.
En esa ocasión, el tribunal suspendió la audiencia respecto a Camaño Pérez, pero acogió una solicitud del Ministerio Público para desglosar su caso del expediente principal, lo que permitió que el proceso continuara por separado.
La audiencia preliminar del expediente principal incluye al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y a los demás imputados en la presunta estructura de sobornos para favorecer contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Acusación
El Ministerio Público presentó acusación contra 14 personas físicas y jurídicas, señaladas de integrar una red que presuntamente exigía y recibía sobornos a cambio de favorecer contratos estatales.
De acuerdo con el órgano acusador, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92.
La acusación está sustentada en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con apoyo de la Dirección General de Persecución, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el expediente, la presunta estructura habría manipulado contratos y realizado pagos ilícitos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 para garantizar la continuidad de las contrataciones de empresas dedicadas a ofrecer servicios de seguridad privada al Estado.
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