La Policía Nacional informó este lunes que fueron suspendidos en funciones los cinco agentes que integraban la patrulla involucrada en el caso de la muerte de un joven en la Cañada de Guajimía, en Herrera, durante una intervención policial que ha generado un amplio rechazo ciudadano.
Tras finalizar la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana, encabezada en esta ocasión por la vicepresidenta de la República, el vocero policial Diego Pesqueira explicó que los organismos de control interno de la institución tendrán a su cargo una investigación sobre la actuación de los agentes.
Faride Raful no asistió a la reunión
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no participó en la reunión de este lunes, como suele hacerlo habitualmente en los encuentros posteriores de la Mesa de Seguridad Ciudadana. Según informó Pesqueira, la funcionaria se encuentra en una reunión de la ONU.
Su ausencia se produce en medio de las expectativas de ciudadanos que esperaban una declaración directa de la ministra sobre el caso. Raful ya se había pronunciado a través de su cuenta de X, donde calificó el hecho como un abuso policial “imperdonable” y afirmó que ningún uniforme puede ser escudo para la impunidad.
Investigan actuación de la patrulla
Pesqueira indicó que los cinco policías fueron suspendidos debido a que, según se observa en el caso, hubo una “falta de humanización” en su comportamiento tras el hecho.
“Hemos sido informados que los integrantes de la patrulla, cinco agentes del cuerpo de policía, han sido todos suspendidos en funciones”, expresó el vocero.
Agregó que los organismos internos deberán determinar la responsabilidad de cada miembro de la patrulla, más allá del agente señalado directamente por realizar el disparo.
Cabo fue apresado en flagrante delito
De acuerdo con Pesqueira, el cabo involucrado, identificado como José Francisco Moreta Heredia, fue apresado de manera flagrante luego de cometer el “lamentable y condenable hecho”.
El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, mientras aumentan los reclamos de familiares, comunitarios y sectores sociales para que se establezcan responsabilidades y se apliquen sanciones conforme a la ley.
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