Las acciones legales contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se incrementaron a 123, luego de que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera medidas de coerción en su contra por su presunta responsabilidad en el colapso del centro nocturno Jet Set, hecho que dejó víctimas fatales y lesionados.
La magistrada dictó una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, tras calificar el caso como una violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio involuntario y las lesiones.
Además, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar la acusación formal.
Al momento de conocerse la solicitud de medidas coercitivas, se habían registrado 108 denuncias y querellas. Tras la audiencia, ese número aumentó a 123, con nuevas víctimas que se sumaron al proceso judicial en curso.
Durante su motivación, la jueza Veloz advirtió sobre las limitaciones del Código Penal vigente, señalando que, aunque este fue promulgado originalmente en el siglo XIX y ha quedado desfasado frente a la realidad social actual, el principio de legalidad obliga a los jueces a aplicar las normas existentes. Subrayó que cualquier reforma estructural del sistema penal corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
“El principio de legalidad impone al juez el deber de aplicar la ley vigente, reconociendo sus limitaciones, pero sin poder suplir con interpretación judicial lo que corresponde a una reforma legislativa estructural”, indicó la magistrada.
El caso quedó bajo la jurisdicción del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que deberá supervisar la etapa preparatoria del proceso.
Se prevé que continúen presentándose nuevas querellas mientras avanza la investigación del colapso que conmocionó a la sociedad dominicana.
Compartir esta nota