La defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat presentó ante la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional un documento de 40 páginas en el que expone los presupuestos, arraigos y pruebas que, según alegan, demuestran que no existe peligro de fuga y que ambos han mantenido una conducta proactiva y colaborativa con las autoridades tras el colapso del techo del centro nocturno Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas.
Durante la audiencia de medida de coerción, los abogados Ramón Emilio Núñez, Miguel Valerio y Carlos Polanco afirmaron que Antonio Espaillat se encontraba en Las Vegas, Nevada, participando en una feria internacional al momento del hecho, y que retornó voluntariamente al país el 8 de abril, antes de la fecha originalmente prevista, tras conocer la magnitud de la tragedia.
Como parte del documento depositado, la defensa señaló que los imputados:
• Comunicaron su disposición de colaborar con el Ministerio Público apenas seis días después del hecho.
• Entregaron sus pasaportes de forma voluntaria.
• Propusieron peritajes técnicos e investigaciones independientes para esclarecer las causas del colapso.
• Ofrecieron asistencia económica a más de 40 familias afectadas, mediante acuerdos de descargo y desistimiento legalizados por notario.
• Solicitaron la preservación del inmueble para garantizar el análisis estructural sin alterar evidencias clave.
Los abogados aseguraron que estas acciones evidencian un compromiso ético con la justicia y con las víctimas, y subrayaron que, aún sin haberse definido el curso del proceso penal, la familia Espaillat ha actuado con transparencia y respeto al dolor ajeno.
La medida de coerción fue conocida este 18 de junio, en un proceso que fue declarado caso complejo por la jueza actuante.
Luego de esta decisión el procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Compartir esta nota