El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en la investigación del desplome del techo de la discoteca Jet Set, hecho que dejó un saldo de 236 personas muertas.
Además de la fianza, el tribunal les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica, al tiempo que declaró el caso como complejo, dado el volumen de víctimas, pruebas y denuncias involucradas.
La decisión fue tomada tras más de 12 horas de audiencia celebrada en la sala de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el Ministerio Público presentó los elementos que sustentan la solicitud de medidas coercitivas, incluyendo la presunta negligencia de los propietarios frente al deterioro estructural del local nocturno.
Con esta resolución, el proceso judicial contra los propietarios del Jet Set continuará bajo seguimiento judicial ampliado, mientras se avanza en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes técnicos sobre las causas del colapso que conmocionó al país.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
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