Primero fue una advertencia. Luego, un reclamo. Después, una exigencia de acción. Desde 2021, el presidente Luis Abinader ha colocado la crisis haitiana entre los ejes centrales de su política exterior y de la estrategia de seguridad nacional de República Dominicana.
En los principales foros internacionales, el mandatario ha denunciado la expansión de las bandas, la emergencia humanitaria y la falta de respuestas efectivas. En el plano interno, esa ofensiva diplomática se traduce en controles migratorios más rigurosos y en un blindaje fronterizo apoyado en tropas, inteligencia, equipos, tecnología y mayor capacidad operativa.
Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros escenarios diplomáticos, Abinader ha defendido una línea constante: la comunidad internacional debe contribuir a estabilizar Haití dentro de su propio territorio, mientras la República Dominicana protege sus fronteras y evita asumir sola las consecuencias del colapso institucional, la violencia de los grupos criminales y la crisis humanitaria del país vecino.
2021: la advertencia inicial
En 2021, durante su primera intervención presencial ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abinader colocó a Haití en el centro de la preocupación regional. Según el discurso íntegro difundido por la Presidencia de la República, advirtió que la inseguridad, la división política y el avance de las bandas podían desbordar las fronteras haitianas y afectar la estabilidad del Caribe.
Allí quedó fijada la tesis que luego repetiría en distintas tribunas. “No hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”, declaró ante la 76.ª Asamblea General, de acuerdo con la transcripción oficial de la Presidencia. El mensaje combinaba solidaridad con el pueblo haitiano y defensa de los límites políticos, económicos y territoriales de la República Dominicana.
2022: continuidad pese al huracán Fiona
En 2022, el huracán Fiona obligó al mandatario a suspender su viaje a Nueva York, donde participaría en la 77.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el imprevisto no alteró la línea diplomática ya trazada. La crisis haitiana permaneció en la agenda internacional del Gobierno dominicano, que insistió en que el deterioro del país vecino no podía reducirse a un problema bilateral ni descargar sus consecuencias sobre la República Dominicana.
2023: del diagnóstico al reclamo urgente
En 2023, el tono se hizo más urgente. En su intervención ante la 78.ª Asamblea General y en la reunión posterior con el secretario general António Guterres, según informó la Presidencia, Abinader reclamó redoblar los esfuerzos para desplegar una misión de seguridad en Haití. Su llamado buscó acelerar el apoyo internacional a la Policía Nacional Haitiana y frenar la expansión de la violencia.
2024: Haití como amenaza directa a la seguridad dominicana
En la 79.ª Asamblea General, celebrada en 2024, Abinader definió la estabilización de Haití como “una necesidad estratégica” para la seguridad dominicana y regional, según la reseña oficial de la Presidencia. También advirtió que el fracaso de la misión internacional podría obligar al país a adoptar “medidas drásticas” para proteger su seguridad nacional.
Esa advertencia tuvo una respuesta interna: más tropas, equipos y tecnología en la línea limítrofe. El Gobierno reforzó la vigilancia, cerró puntos vulnerables y endureció los controles para prevenir incursiones, combatir el contrabando y ampliar la capacidad preventiva del Estado.
En esa misma línea, Abinader mantuvo otra posición de contención: República Dominicana podía apoyar los esfuerzos internacionales, pero no formaría parte de una fuerza militar de intervención dentro de Haití. Con esa postura buscaba marcar una frontera política y militar entre la cooperación y la participación directa en operaciones de seguridad del lado haitiano.
2025: denuncia ante la ONU y ofensiva contra las bandas
Ante la 80.ª Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2025, Abinader describió la situación haitiana como “una tragedia humana sin precedentes”, marcada por la violencia extrema, el colapso institucional y el control territorial de numerosas bandas criminales.
“Con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y la región”, afirmó, según la transcripción difundida ese día por la Presidencia de la República.
En ese mismo discurso, el mandatario sostuvo que la única salida era una acción internacional “coherente y sostenida” que garantizara condiciones mínimas de seguridad y abriera paso a un acuerdo democrático entre los propios haitianos. También advirtió que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad no había alcanzado la escala ni el financiamiento necesarios y reclamó al Consejo de Seguridad reforzarla sin demora. Desde esa tribuna defendió, además, el derecho dominicano a proteger su integridad territorial: “Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras o garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, de acuerdo con la versión oficial publicada por la Presidencia.
Ese mismo año, el discurso adquirió un tono más severo. Durante su rendición de cuentas del 27 de febrero, Abinader anunció el Decreto 104-25, que declaró a varias bandas criminales haitianas organizaciones terroristas y ordenó activar el Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, según la comunicación oficial.
El Decreto 104-25 enumera a Delmas 6, 5 Segond, Kraze Barye, 400 Mawozo, Grand Ravine, Taliban/Canaan, Baz Gran Grif/Gang Savien, Kokorat San Ras, Haut Belair/Argentins, Belekou, Ti Bois, Krache Dife, Chabon, Wharf Jérémie, Gang de Piei TC VI, Simón Pelé, Nan Boston, Baz Pilate, Chyen Mechan, Fort Dimanche, Gang de Tokyo, Chancerelles, Carrefour Drouillard, Terre Noire, Brooklyn y Mariani, conforme al listado divulgado por la Presidencia de la República.
La medida llevó esa preocupación del discurso diplomático al terreno jurídico, al clasificar a esos grupos como una amenaza terrorista para la seguridad nacional dominicana.
El decreto dispone que cualquier integrante de esas organizaciones que ingrese al territorio dominicano podrá ser perseguido, apresado y juzgado conforme a la legislación antiterrorista. Su artículo 3 instruye a los organismos de inteligencia y seguridad a prevenir incursiones contra el territorio nacional o contra intereses dominicanos en el exterior, según el texto citado por la Presidencia.
Al mismo tiempo, el Gobierno reforzó la frontera con unos 11.000 efectivos militares: los 9.500 que ya prestaban servicio y los 1.500 soldados adicionales anunciados por Abinader el 6 de abril de 2025, según la Presidencia de la República. El despliegue forma parte del paquete de medidas oficiales para ampliar la vigilancia y la protección del territorio frente al deterioro haitiano.
El desplazamiento de grupos criminales hacia zonas cada vez más próximas a la frontera dominicana ha elevado la preocupación de las autoridades. Reportes de inteligencia dominicanos ubican a 400 Mawozo en áreas como Ganthier, Fonds-Parisien y el corredor de Malpasse, cercano al territorio dominicano. También señalan que organizaciones como Baz Gran Grif, Gang de Savien y Kokorat San Ras han extendido su influencia en Artibonito y otras zonas del centro de Haití.
A esa presión se suman estructuras vinculadas a Viv Ansanm, que han intentado extender su control más allá de Puerto Príncipe. Según la evaluación de las autoridades dominicanas, ese avance aumenta los riesgos de incursiones, tráfico de armas, contrabando, secuestros y desplazamientos irregulares hacia la línea limítrofe.
El presidente defendió la base legal del decreto con una advertencia directa: si miembros de esas bandas intentaban cruzar hacia República Dominicana, las autoridades debían actuar. “Si descubrimos a una de esas personas, tenemos que actuar, llevarla a la justicia o enfrentarla”, dijo al explicar que la seguridad del pueblo dominicano era su prioridad.
La respuesta interna no sustituyó el reclamo externo. Abinader respaldó la transición hacia una fuerza internacional más robusta contra las bandas en Haití y sostuvo que los comunicados y las resoluciones resultarían insuficientes sin tropas, financiamiento, equipos y capacidad operativa para recuperar los territorios bajo control armado.
2026: pasar de las decisiones a la acción
En su intervención del 23 de septiembre ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Abinader retomó el reclamo con una formulación más ejecutiva: “Lo que el Consejo aprobó necesita ahora los medios para cumplirse”.
De acuerdo con la reseña oficial de la Presidencia, pidió completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, aportar las tropas y los recursos pendientes, hacer cumplir el embargo de armas y fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia haitianos.
En ese discurso, el mandatario planteó tres exigencias: completar una fuerza que, según afirmó, opera con apenas una quinta parte de los efectivos autorizados; sancionar a quienes financian y protegen a las bandas; y desarrollar capacidades haitianas que permitan sostener la seguridad con medios propios. “Renovar sin completar sería prolongar una promesa sin cumplirla”, advirtió, según la versión difundida por la Presidencia.
Para subrayar la urgencia, Abinader citó ante la Asamblea General la masacre de Kenscoff, donde, según expuso, al menos 47 personas, incluidos cinco niños, fueron asesinadas en una sola noche. También señaló que cerca de 1,5 millones de haitianos habían sido desplazados de sus hogares. Con esos datos, sostuvo que la comunidad internacional no podía normalizar las masacres ni permitir que las decisiones adoptadas quedaran en el papel.
La última misión antipandillas avalada por la ONU
La respuesta más reciente del Consejo de Seguridad fue la creación de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití, autorizada por la Resolución 2793 de 2025. Según la explicación ofrecida por Abinader ante la Asamblea General de 2026 y recogida por la Presidencia, el mecanismo fue concebido como una fuerza internacional de 5.550 efectivos, con un mandato inicial de 12 meses, destinada a neutralizar grupos armados, proteger infraestructuras críticas y facilitar el acceso humanitario.
La resolución también creó una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para respaldar logísticamente y operativamente la nueva misión. Sin embargo, su eficacia depende de aportes internacionales de personal, financiamiento, equipos y coordinación con las autoridades haitianas.
Ese es precisamente el punto que Abinader ha convertido en reclamo: una fuerza autorizada pero incompleta no puede contener bandas que controlan territorios, trafican armas y personas, reclutan menores y desafían al Estado haitiano. La falta de recursos internacionales, en su visión, prolonga la crisis y aumenta la presión sobre República Dominicana.
La respuesta dominicana: frontera, leyes migratorias y Fuerzas Armadas
Desde la misma tribuna de la ONU, Abinader reiteró que la República Dominicana continuará protegiendo sus fronteras, aplicando las leyes migratorias y fortaleciendo sus Fuerzas Armadas. Esa declaración resume los dos frentes de su estrategia: presión internacional para estabilizar Haití y contención interna en territorio dominicano.
Según la Dirección General de Migración (DGM), la política de repatriación se apoya en operativos permanentes de interdicción ejecutados con respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad. La institución afirma que amplió el personal destinado a localizar y procesar a extranjeros en condición irregular y extendió las acciones desde la frontera hacia zonas urbanas, polos turísticos y áreas productivas. El objetivo declarado es reducir la inmigración indocumentada y reforzar el control territorial.
La DGM sostiene que las detenciones y repatriaciones se realizan conforme a la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento, mediante verificaciones individuales, registro de identidad y traslado por los pasos fronterizos habilitados. En comunicaciones oficiales, tanto Migración como la Presidencia afirman que los operativos deben respetar el debido proceso, la integridad física y la dignidad de las personas, aunque su magnitud y continuidad mantienen la política migratoria dominicana bajo atención pública.
A los operativos migratorios se suma una política fronteriza basada en presencia militar, infraestructura, vigilancia tecnológica y ordenamiento económico de la línea limítrofe. Bajo iniciativas como “Frontera Fuerte”, el Gobierno procura proyectar capacidad de prevención y respuesta ante un eventual desplazamiento de la violencia haitiana hacia territorio dominicano.
El blindaje no surgió como una reacción aislada. Desde agosto de 2020, la administración de Abinader ha incrementado las tropas en la frontera, impulsado la verja perimetral inteligente y adquirido sistemas de vigilancia para ampliar la supervisión del territorio.
Según el Ministerio de Defensa, el componente tecnológico enlaza la verja con centros de mando y con el sistema C5i, que reúne información de sensores y unidades operativas para acelerar la detección y la respuesta. La institución señala que la red incluye fibra óptica, iluminación, cámaras térmicas y de videovigilancia, sensores de movimiento, radares terrestres y marítimos, torres de comunicación y drones.
En el tramo comprendido entre Manzanillo y Dajabón, el Gobierno puso en servicio 25 kilómetros de fibra óptica para transmitir imágenes y alertas en tiempo real desde los puntos críticos.
El refuerzo incluye medios de patrullaje, reconocimiento y despliegue rápido. El Ministerio de Defensa informó en 2022 que el equipamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo comprendía seis helicópteros, diez aeronaves de reconocimiento y vigilancia, cuatro camiones antimotines y 21 vehículos blindados para transporte de personal, además de unidades tácticas de alta movilidad.
A esa capacidad se agregaron drones autónomos para monitoreo terrestre y sistemas contra aeronaves no tripuladas, recursos que amplían la observación de zonas remotas y reducen el tiempo de reacción de las tropas desplegadas en la línea fronteriza.
Abinader también ha destacado mejoras en el armamento y en las condiciones salariales de las Fuerzas Armadas, incluida una compensación adicional para quienes prestan servicio en la frontera. Con ese conjunto de medidas, la protección limítrofe ha adquirido carácter de política de Estado, ligada tanto a la crisis haitiana como a la defensa de la soberanía dominicana.
La crisis haitiana, por tanto, ha desbordado el ámbito diplomático y atraviesa el debate público dominicano sobre seguridad, migración, comercio fronterizo, servicios públicos, soberanía y relaciones internacionales. La discusión involucra ya a la Cancillería, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, el Congreso y amplios sectores de la sociedad.
De la advertencia a la presión internacional
Entre 2021 y 2026, el discurso internacional de Luis Abinader sobre Haití pasó de la advertencia diplomática a la exigencia de una intervención internacional con recursos y capacidad de ejecución. La constante ha sido sostener que la solución debe construirse en Haití, con respaldo externo, y no trasladarse a la República Dominicana.
Para el Gobierno dominicano, la situación del país vecino dejó de ser un asunto exclusivo de política exterior y se convirtió en un problema de seguridad nacional y estabilidad regional. De ahí la doble línea que marca la gestión de Abinader: reclamar una respuesta internacional efectiva para Haití y reforzar, al mismo tiempo, los controles migratorios y la protección del territorio dominicano.
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