El Ministerio Público afirmó que 13 de los imputados en la denominada Operación Cobra 2.0-A admitieron ante el tribunal los hechos que se les atribuyen, durante la audiencia en la que se conoció la solicitud de medidas de coerción por el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, dijo que el expediente presentado ante el juez Rigoberto Sena contiene 706 medios de prueba y sostuvo que las admisiones realizadas durante la audiencia constituyen, a su juicio, un elemento que respalda la investigación.
“Hemos presentado la medida de coerción (…) sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público”, declaró Camacho a periodistas al salir de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El funcionario agregó que una parte de los imputados colaboró con la investigación y que, tomando en cuenta esa colaboración y las admisiones realizadas ante el tribunal, el Ministerio Público solicitó para ellos arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
El juez Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
Ministerio Público mantiene solicitud de prisión preventiva
La Fiscalía mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para un grupo de imputados, entre ellos Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, además de varios médicos vinculados al proceso.
En cambio, Camacho solicitó arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
De acuerdo con el Ministerio Público, esos imputados admitieron los hechos que se les atribuyen y han colaborado con los investigadores. La valoración definitiva de esas circunstancias corresponde al tribunal al momento de decidir las medidas solicitadas.
Durante la audiencia, Camacho también cuestionó los argumentos presentados por algunas de las defensas. Sostuvo que documentos como certificados académicos no necesariamente permiten descartar el peligro de fuga que, según el órgano acusador, debe ser valorado tomando en cuenta factores como la pena que podría imponerse y el eventual daño que deba resarcirse.
Pepca: el caso no se limita al dinero
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), rechazó que el proceso pueda ser analizado únicamente a partir del dinero que supuestamente habría recibido cada imputado.
Ortiz sostuvo que el bien jurídico que, según el Ministerio Público, habría sido afectado es el derecho a la salud, debido a que los hechos investigados estarían vinculados con recursos del SeNaSa.
La fiscal también advirtió que los montos mencionados durante la audiencia no necesariamente representan la totalidad de los recursos que pudieron haber recibido los imputados, debido a que la investigación continúa abierta.
Según explicó, parte de las transacciones investigadas habría sido realizada en efectivo, por lo que el Ministerio Público pretende demostrar esos movimientos mediante otros medios de prueba y no exclusivamente mediante registros bancarios.
La Fiscalía pidió además que el proceso sea declarado complejo, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y posibles implicados y que la investigación corresponde, según su planteamiento, a un esquema de delincuencia organizada.
Un proceso que amplía la investigación sobre SeNaSa
La audiencia de Cobra 2.0-A constituye una nueva etapa del proceso iniciado con la denominada Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado al entonces director ejecutivo del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros imputados.
A ese primer grupo el Ministerio Público le atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La acusación sostiene que desde el SeNaSa habría operado un esquema mediante el cual se desviaron recursos públicos a través de distintas maniobras, incluyendo supuestos sobornos, alteración de estados financieros y programas que, según la Fiscalía, carecían de sustento jurídico.
Esos señalamientos forman parte de la tesis del Ministerio Público y deberán ser establecidos en las etapas correspondientes del proceso judicial.
La investigación también se extendió a otros hechos mediante la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado, en la que fueron arrestadas tres personas por supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y recursos vinculados al SeNaSa.
Por ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público.
El tribunal deberá decidir este domingo si acoge las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía para los imputados de Cobra 2.0-A y si declara el proceso de tramitación compleja.
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