El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, afirmó que la reforma penitenciaria busca desmantelar las estructuras de corrupción que, según dijo, permitían a personas privadas de libertad negociar salidas y obtener beneficios dentro de las cárceles.
"En la cárcel existía una paz mafiosa donde los privados de libertad negociaban sus salidas y mejoras dentro de las cárceles, y estamos destruyendo eso", expresó Santana durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria.
Como parte de las medidas de transparencia, la administración penitenciaria creó el denominado "muro de la vergüenza" en las oficinas nacionales de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el propósito de exponer casos de corrupción dentro del sistema.
Santana sostuvo que las estructuras ilícitas constituían un "negocio millonario" que ha sido limitado por las acciones de la reforma. También denunció que los recursos obtenidos de manera fraudulenta se utilizan para financiar campañas de propaganda negativa en redes sociales contra el proceso.
El funcionario citó como ejemplo la difusión reciente de un video grabado en una cárcel en 2022, que, según afirmó, habría sido divulgado nuevamente con la intención de frenar los cambios.
"Un video del 2022 en una cárcel donde se estaba actuando mal volvió a salir en estos días. ¿Por qué? Porque quieren detener los avances de la reforma, no les conviene", declaró.
Santana informó que 16 personas que presuntamente obtenían beneficios ilícitos han sido arrestadas y sometidas a la justicia. De ese grupo, 11 serían jueces vinculados a esquemas de corrupción dentro de la administración de justicia penal.
Salud mental y construcción de centros penitenciarios
El director de la DGSPC señaló que una proporción significativa de la población penitenciaria presenta algún grado de afectación o problemas de salud mental. Como parte de la respuesta institucional, mencionó la creación de un comité de salud mental penitenciaria dispuesto por el Poder Ejecutivo, que calificó como único en el mundo.
En cuanto a la infraestructura, informó que han sido inaugurados nueve centros penitenciarios en distintas provincias, con el propósito de contribuir a descongestionar el sistema. Atribuyó parte de ese avance al respaldo de senadores que dan seguimiento a los proyectos en sus respectivas demarcaciones.
Santana reconoció, sin embargo, que persisten dificultades para concluir el nuevo centro de privación de libertad de Higüey, en la provincia La Altagracia. Explicó que la obra ha enfrentado complicaciones de infraestructura heredadas y que el presidente de la República dispuso los fondos necesarios para continuar los trabajos.
El funcionario recordó el incendio ocurrido en 2005 que causó la muerte de 137 personas y señaló que actualmente hay un equipo encargado de dar seguimiento a los trabajos en el terreno.
Acuerdos para el suministro de alimentos y el traslado de internos
Santana informó que sostuvo una reunión con directivos del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para coordinar el suministro de alimentos a 20 centros penitenciarios durante los fines de semana.
También indicó que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) asignó cuatro autobuses para el traslado de personas privadas de libertad.
Las Parras y el traslado de internos de La Victoria
Al referirse al complejo penitenciario de Las Parras, Santana afirmó que es necesario que los jueces se trasladen a las instalaciones para celebrar las audiencias. Según explicó, el recinto dispone de dos salas, pero la falta de desplazamiento de los magistrados impide reducir los costos operativos.
"Necesitamos jueces en Las Parras; hay dos salas de audiencia, pero no estamos disminuyendo costos porque los jueces no se trasladan", sostuvo.
El funcionario recordó que La Victoria recibió el penal en 2020 en condiciones de sobrepoblación crítica y advirtió que el traslado de internos no debe ejecutarse de forma masiva en un período de tres meses sin estudiar individualmente cada caso judicial.
Como referencia, mencionó la experiencia de Ecuador, país en el que trabajó como consultor internacional. Según Santana, las decisiones políticas y administrativas adoptadas allí contribuyeron al deterioro de su sistema penitenciario.
Durante el encuentro, el director de la DGSPC expuso estas medidas y los desafíos pendientes en el proceso de reforma penitenciaria.
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