La reforma de la Policía Nacional avanza en el Congreso, pero en las calles persiste una pregunta incómoda: si los cambios legales serán suficientes para recuperar la confianza ciudadana. La institución enfrenta una crisis de legitimidad marcada por denuncias de corrupción interna, cuestionamientos por abuso de poder, muertes en operativos y dudas sobre su capacidad para prevenir el delito.
Para especialistas en seguridad pública, el deterioro no se debe únicamente a hechos aislados. Cada nuevo escándalo refuerza una percepción acumulada: la de una institución que anuncia reformas, suspende agentes y promete investigaciones, pero que aún no logra convencer a la ciudadanía de que el cambio llegó a los destacamentos, patrullajes y operativos.
La inseguridad vista desde los barrios
En los barrios, la eficacia policial no se mide solo por estadísticas oficiales. También se evalúa con experiencias cotidianas: denuncias que no avanzan, patrullajes tardíos, crímenes sin respuesta y operativos que, en lugar de llevar tranquilidad, generan temor, según han denunciado líderes comunitarios.
Una fuente interna de la institución policial consultada por Acento sostiene que la falta de recursos tecnológicos de vanguardia, la capacitación insuficiente de algunos agentes y la ausencia de estrategias integrales han debilitado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Ese vacío alimenta la desconfianza ciudadana y empuja a muchos sectores a buscar alternativas de protección.
Denuncias de corrupción y crimen organizado golpean la credibilidad policial
La corrupción dentro de la Policía Nacional también erosiona su credibilidad. Fuentes consultadas advierten que las denuncias por sobornos, vínculos con redes delictivas, tráfico de armas, narcotráfico y otras prácticas ilícitas han profundizado la desconfianza ciudadana.
Investigaciones recientes del Ministerio Público y de organismos antidrogas han identificado estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos. En uno de los casos, varios agentes policiales son investigados por el presunto "tumbe" de drogas en San Cristóbal. Estos expedientes aumentan la preocupación por la posible penetración del crimen organizado en áreas sensibles del Estado y debilitan la autoridad moral de quienes deben hacer cumplir la ley.
El abuso de poder y el uso de la fuerza
El abuso de poder y el uso de la fuerza son otros puntos críticos. Para activistas de derechos humanos, el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, muerto durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, volvió a colocar en el centro del debate nacional los límites de la actuación policial y la necesidad de controles efectivos.
En este caso, el Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado por homicidio voluntario. Otros miembros de la patrulla fueron suspendidos o siguen bajo investigación. Para muchas familias, el hecho deja un mensaje inquietante: la autoridad llamada a proteger también puede convertirse en amenaza.
En ese contexto, el sociólogo Cándido Mercedes, en un artículo publicado este miércoles en Acento, destaca que desde 1997 hasta el 3 de julio de 2026 la Policía Nacional ha matado a 7,135 seres humanos. Indica que el 77 % de esos casos ha sido fruto y expresión del abuso de poder, cristalizado como intercambio de disparos.
Más alarmante aún es que, desde el inicio del Gobierno de Abinader, en agosto de 2020, hasta el 3 de julio de este año, la Policía registra un total de 956 personas que han perdido la vida a manos de quienes están llamados a defenderlas en los territorios públicos.
Reclamos de investigación y sanción
Las reacciones externas han sido contundentes. Organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y líderes comunitarios han reclamado investigaciones independientes, sanciones ejemplares y una transformación estructural que vaya más allá de los relevos de mando.
Jason Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, condenó la muerte de Mercado Reyes y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones y controlar los abusos policiales. Partidos como Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática también han sostenido que estos hechos no pueden tratarse como casos aislados, sino como síntomas de una cultura institucional que requiere cambios de fondo.
En medio de ese debate, la Fuerza del Pueblo (FP), liderada por el expresidente Leonel Fernández, solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial al fideicomiso destinado a la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. La petición busca transparentar el uso de los fondos públicos asignados a la reforma policial entre 2020 y 2026.
La organización política se refirió, entre otros períodos, a los presupuestos ejecutados entre 2024 y 2025, que superaron los RD$ 8,000 millones, y cuestionó que, pese a esos recursos, el proceso de reforma policial haya mostrado avances limitados y resultados insuficientes frente a los problemas estructurales de la institución.
Sin confianza ciudadana, la lucha contra el crimen pierde fuerza
Las fuentes consultadas coinciden en que las denuncias de ineficacia, corrupción y abuso policial profundizan la inseguridad y la desconfianza. Cuando la ciudadanía deja de creer en la Policía, denuncia menos, colabora menos y busca protegerse por vías alternas, lo que debilita progresivamente el Estado de derecho.
Sin confianza no hay inteligencia comunitaria; y sin legitimidad, advierten , no puede sostenerse una autoridad efectiva frente al crimen, precisan.
Los últimos casos de corrupción policial
Durante el proceso de reforma, se han registrado varios casos de corrupción policial que involucran tanto a altos mandos como a agentes de menor rango. Entre los más recientes figura el caso de San Cristóbal, donde dos generales de la institución fueron suspendidos e investigados por su presunta participación en la desaparición de 271 paquetes de presunta cocaína incautados durante un operativo.
En marzo de este año, un coronel, un capitán y varios agentes fueron suspendidos y enviados al Ministerio Público, acusados de sustraer más de un millón de pesos durante un proceso investigativo realizado en la provincia de San Cristóbal.
Asimismo, varios oficiales superiores y subalternos fueron enviados al Ministerio Público por la extracción irregular de municiones de los depósitos de la Intendencia de Armas de la institución. Según las investigación, el material habría sido sustraído para su venta ilegal y posterior introducción en Haití. El hecho se originó en septiembre de 2024
Entre la promesa institucional y la realidad en las calles
La reforma policial impulsada mediante el Decreto 643-24 establece principios de profesionalización, integridad, dignidad humana y respeto a los derechos humanos. En el papel, el marco resulta ambicioso: plantea modernización institucional, supervisión, formación y protocolos para el uso proporcional de la fuerza.
El problema, según analistas del sector de seguridad, está en la distancia entre la norma y la práctica. Mientras continúen las muertes en operativos, las denuncias de corrupción y la impunidad disciplinaria, la reforma corre el riesgo de ser percibida como una promesa inconclusa.
Así lo evidencia la alarmante cifra de muertes atribuidas a supuestos intercambios de disparos durante las tres gestiones al frente de la Policía Nacional en el actual Gobierno de Luis Abinader, principal promotor del proyecto de reforma. Para críticos del proceso, esos casos muestran que los cambios institucionales aún no han logrado traducirse en controles efectivos sobre el uso de la fuerza ni en una reducción visible de los abusos denunciados.
Reforma policial llega a una fase decisiva en el Congreso
En el Congreso, la reforma policial dejó de ser una promesa del Poder Ejecutivo y pasó a una fase decisiva. El Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional fue depositado en el Senado el 8 de diciembre de 2025, con una propuesta dirigida a modificar la Ley 590-16.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión Especial del Senado recibió observaciones de la Dirección de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo y otros actores vinculados al proceso. Tras varios meses de análisis, rindió un informe favorable y el pleno senatorial aprobó la pieza la pasada semana con el respaldo de 29 de los 32 senadores, luego de una sesión extensa y con varias modificaciones al texto original. Ahora, la reforma legislativa pasa a la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobada o modificada.
Principales puntos de la propuesta
La propuesta de reforma policial contempla una nueva estructura de carrera dentro de la institución, dividida en tres categorías: directiva, intermedia y agente patrullero. También busca reforzar los criterios de ascenso y evaluación, ampliar los controles disciplinarios y establecer reglas más estrictas para el uso de la fuerza.
Además, prohíbe a los agentes prestar servicios permanentes de seguridad privada e incorpora nuevos protocolos de patrullaje, capacitación continua y herramientas tecnológicas, como cámaras corporales, bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Convertir la ley en cambios reales y visibles
Para observadores del proceso legislativo, el avance en el Congreso no despeja todas las dudas. Aunque la aprobación del Senado representa un paso importante, la reforma todavía debe completar su trámite y, sobre todo, demostrar que puede producir cambios verificables dentro de la institución.
El reto no está solo en aprobar una nueva ley. También pasa por garantizar que los controles internos funcionen, que Asuntos Internos tenga independencia operativa, que las sanciones no queden en el papel y que los nuevos protocolos se apliquen en destacamentos, patrullajes y operativos. Es ahí, en el contacto directo con la población, donde se define el verdadero rostro de la Policía Nacional, subraya una de las fuentes consultadas.
Una reforma bajo observación ciudadana
A juicio de especialistas, la conclusión es clara: si la reforma no se traduce en cambios visibles en la calle, seguirá siendo un expediente más. La ciudadanía no evalúa a la Policía por sus discursos ni por sus documentos internos, sino por la forma en que actúa cuando detiene personas, patrulla, investiga o responde a una emergencia.
Recuperar la confianza pública exigirá voluntad política, vigilancia social y consecuencias reales para quienes abusen del uniforme. De lo contrario, cada nuevo caso reforzará la percepción de que el problema no está solo en algunos agentes, sino en una estructura que todavía se resiste a cambiar.
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