La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó a la Cámara de Diputados modificar varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal al considerar que, como están redactados, podrían afectar el ejercicio de la función docente y generar interpretaciones que criminalicen medidas disciplinarias aplicadas en los centros educativos.

El gremio planteó observaciones a disposiciones relacionadas con el "bullying", el abandono de niños, niñas y adolescentes y otras conductas que, a su juicio, contienen términos demasiado amplios que podrían derivar en inseguridad jurídica para maestros, directores y orientadores.

La carta está firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y el consultor jurídico del sindicato, John A. Bello.

Pide excluir medidas disciplinarias legítimas

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato se dirige al artículo que tipifica el hostigamiento e intimidación ("bullying").

La ADP afirmó que respalda la sanción del acoso escolar, pero entiende que expresiones como "asustar", "aislar" y la referencia al "ámbito educativo" deben definirse con mayor precisión para evitar que acciones disciplinarias o pedagógicas sean interpretadas como delitos.

Por ello, propone incorporar un párrafo que establezca que no constituirán bullying las medidas disciplinarias, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos u orientadores, siempre que sean razonables, objetivas, estén amparadas por la legislación educativa y no tengan como finalidad humillar o causar daño al estudiante.

Cuestiona equiparación con padres y tutores

El gremio también objetó el artículo sobre el abandono de niños, niñas y adolescentes, que contempla agravantes cuando el responsable sea el padre, la madre, el tutor o un maestro.

La ADP sostiene que el deber de cuidado del docente es temporal y está limitado al horario y funciones escolares, por lo que considera que no debe equipararse automáticamente con la responsabilidad de padres o tutores.

En ese sentido, propone que la agravante solo se aplique cuando exista un abandono deliberado o una negligencia grave que ponga en riesgo la vida o la integridad del estudiante.

Critica términos "amplios" en el proyecto

Otra de las observaciones se refiere al uso del término "presión" en uno de los artículos del proyecto.

Según el sindicato, el concepto resulta demasiado amplio y podría incluir actuaciones propias del proceso educativo, por lo que propone sustituirlo por expresiones como "presión psicológica grave, ilegítima o abusiva", o definir que la conducta sancionada implique intimidación, coacción o humillación comprobable.

Asimismo, pidió que las decisiones escolares basadas en la edad —como el ingreso a determinados grados o la organización de niveles educativos— queden claramente diferenciadas de cualquier conducta discriminatoria.

La ADP aseguró que sus propuestas no buscan eximir de responsabilidad a docentes que incurran en conductas ilícitas, sino evitar que la redacción del nuevo Código Penal genere interpretaciones que afecten el ejercicio legítimo de la función docente y la aplicación de medidas disciplinarias contempladas en la Ley General de Educación.

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