El comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez denunció una supuesta persecución en su contra tras acudir al Palacio de Justicia a una audiencia relacionada con una querella que, según explicó, surgió luego de una denuncia que realizó sobre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Guerrero afirmó que, a raíz de aquella denuncia, fueron cancelados una funcionaria que identificó como la jurídica de la institución y un general que se desempeñaba como jefe de seguridad del CEA. Sin embargo, sostuvo que posteriormente terminó siendo querellado.
“Como en este país la paloma le tira a la escopeta, yo estoy querellado”, expresó el comunicador al referirse al proceso judicial.
Durante sus declaraciones, Guerrero cuestionó además la forma en que, según dijo, ha recibido algunas notificaciones judiciales. Aseguró que en una ocasión se enteró de un proceso cuando ya se encontraba en el Palacio de Justicia para atender otro caso.
También criticó a los abogados que participan en los procesos que, según afirmó, se siguen en su contra y sostuvo que existe una acción coordinada para perseguirlo.
El comunicador rechazó, además, los señalamientos de que estaría rehuyendo de la justicia. Explicó que en una audiencia anterior se presentó sin abogado porque, según su versión, no había sido debidamente notificado.
Indicó que el aplazamiento de la audiencia actual le permitió comparecer acompañado de su defensa.
Guerrero manifestó que continuará realizando denuncias sobre situaciones que, a su juicio, afectan los recursos y bienes del Estado, y afirmó que procura dar voz a personas que no tienen cómo defenderse.
La próxima audiencia fue fijada para el 26 de noviembre.
Otro proceso judicial
Guerrero también enfrenta otros procesos judiciales derivados de sus publicaciones y declaraciones.
El pasado 6 de mayo, la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo condenó a un año de prisión y al pago de RD$15 millones de indemnización, tras declararlo culpable de difamación e injuria contra el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.
El proceso se originó por declaraciones difundidas en el programa “Corrupción al Desnudo”, publicado en YouTube, en las que Guerrero atribuyó a Rosado Mateo presuntos vínculos con el narcotraficante Arturo del Tiempo y la supuesta posesión de un inmueble en la Torre Atiemar, en la avenida Pedro Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional.
Rosado Mateo estuvo representado por los abogados José Valdez Fernández y Marino Feliz Rodríguez.
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