La Procuraduría General de la República enfrenta una condena al pago de RD$7,560,000 a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en el caso de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El caso plantea una pregunta de interés para los ciudadanos: ¿por qué el Estado puede ser obligado a pagar millones de pesos por no entregar a tiempo un bien que tenía bajo su custodia?
¿Qué es una astreinte y para qué sirve?
La astreinte es una medida económica coercitiva que busca que una persona, institución o autoridad cumpla una orden judicial. Su finalidad no es establecer el precio de un objeto ni sustituir automáticamente una indemnización por daños, sino presionar al obligado para que ejecute lo dispuesto por un tribunal.
En este caso, se estableció una sanción de RD$20,000 por cada día de incumplimiento, según explicó la defensa de Álvarez Carbuccia. La acumulación de esa suma durante el período considerado dio lugar a los RD$7,560,000 cuya liquidación fue ordenada por el tribunal.
Por tanto, el monto reclamado no se calcula a partir del valor comercial del celular, sino de la sanción económica vinculada al tiempo durante el cual no se cumplió la orden de devolución.
¿Qué ocurrió con el teléfono?
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien se desempeñó como director administrativo y financiero del Intrant durante la gestión de Hugo Beras, figura entre los procesados por el caso relacionado con el presunto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la investigación, las autoridades ocuparon 16 bienes de su propiedad. De acuerdo con su abogado, John Frías, 15 fueron devueltos y quedó pendiente un teléfono Samsung S3, modelo de 2012, valorado en aproximadamente RD$3,200.
El Ministerio Público alegó que el dispositivo había sido enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción de datos que serían utilizados en la acusación. Posteriormente, según lo explicado por representantes del órgano acusador, el equipo quedó entre los bienes trasladados durante una mudanza y tardaron en localizarlo.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el pago de RD$7,560,000 al liquidar la sanción económica. En la decisión, según lo reportado sobre el proceso, consideró que el Ministerio Público no había justificado de manera razonable su imposibilidad de devolver el teléfono.
¿Por qué se reclama el pago de millones si el celular cuesta mucho menos?
La diferencia entre ambos montos responde a que se trata de conceptos distintos. Los aproximadamente RD$3,200 corresponden al valor comercial atribuido al teléfono; los RD$7,560,000 son el resultado de la sanción acumulada por el incumplimiento de la orden judicial.
La defensa sostiene que la sanción debe mantenerse porque la devolución de los bienes se produjo fuera del plazo establecido. Su argumento es que el cumplimiento tardío de una orden judicial no elimina automáticamente las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento.
El caso también pone sobre la mesa la obligación de las autoridades de mantener bajo control los bienes ocupados durante una investigación penal y de cumplir las decisiones judiciales que ordenan su devolución.
¿Qué alega el Ministerio Público?
El Ministerio Público busca revocar la decisión. Entre sus objeciones, cuestiona aspectos procesales relacionados con la emisión del fallo y sostiene que la sanción no debe convertirse en una indemnización a favor de un imputado en un caso de presunta corrupción.
La Procuraduría también ha cuestionado la competencia de la jueza que emitió la decisión, al alegar que el expediente había pasado a otro tribunal. Estos planteamientos forman parte de la controversia que debe resolver la Corte de Apelación.
La existencia de una condena en primera instancia no significa que el pago sea definitivo: la decisión está sometida a revisión judicial.
¿Qué falta por decidir?
La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció el recurso del Ministerio Público y se reservó el fallo para el próximo 18 de noviembre. El tribunal está presidido por la magistrada Indhira Montás e integrado por Rafael Báez y Clara Luz Almonte.
La Corte deberá pronunciarse sobre el recurso presentado contra la decisión que ordenó pagar RD$7,560,000. Hasta que se conozca ese fallo, permanece pendiente la resolución de la controversia en apelación.
El punto central no es cuánto cuesta un teléfono Samsung de 2012, sino cuáles son las consecuencias económicas del incumplimiento de una orden judicial y si, en las circunstancias de este caso, corresponde mantener la sanción impuesta a la Procuraduría General de la República.
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