La organización no gubernamental Participación Ciudadana (PC) reclamó este miércoles que el Ministerio Público investigue las muertes ocurridas durante actuaciones de agentes policiales y pidió al Gobierno garantizar que las operaciones de seguridad se desarrollen dentro de la Constitución, las leyes y el debido proceso.
En un comunicado de su Consejo Nacional, Participación Ciudadana manifestó preocupación por lo que considera un incremento de la respuesta policial letal frente a los niveles de violencia y delincuencia que afectan al país.
La organización cuestionó particularmente los casos que las autoridades suelen describir como “intercambios de disparos”, al considerar que las circunstancias de cada muerte deben ser establecidas mediante investigaciones independientes.
Participación Ciudadana sostuvo que una política de seguridad no puede desvincular la persecución del delito del respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso.
La entidad también pidió cautela en las declaraciones públicas de las autoridades, bajo el argumento de que determinadas expresiones podrían interpretarse como una justificación anticipada de actuaciones policiales que todavía no hayan sido investigadas.
Reclama una investigación caso por caso
Las investigaciones deben establecer las circunstancias en que se produjeron los hechos, documentar las armas que presuntamente hayan sido utilizadas y reunir las demás evidencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes, reclamó Participación Ciudadana.
La entidad plantea que ese procedimiento permitiría establecer, en cada caso, si los agentes actuaron dentro de los límites legales del uso de la fuerza o si se produjeron actuaciones contrarias a la ley.
Participación Ciudadana cuestiona las cifras
La organización afirmó que durante los últimos 31 años se han producido miles de muertes atribuidas a actuaciones de agentes policiales y consideró que esa situación requiere una revisión de las políticas de seguridad pública.
También afirmó que en 2026 se habría superado la cifra de 196 muertes y que 42 se habrían registrado durante septiembre, según sus cifras.
Distintas fuentes han publicado cifras diferentes sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales, lo que ha alimentado el reclamo de contar con estadísticas oficiales y verificables.
En los últimos días, otras organizaciones y sectores políticos también han solicitado investigaciones sobre estos casos.
Seguridad y reforma policial
Participación Ciudadana sostuvo que el uso de la fuerza letal no puede convertirse en el principal mecanismo de respuesta frente a la delincuencia y advirtió que esta práctica podría afectar los esfuerzos de reforma de la Policía Nacional.
El planteamiento se produce en momentos en que las autoridades mantienen una ofensiva contra personas buscadas por distintos delitos y mientras continúa el debate sobre los resultados de la reforma policial y los límites del uso de la fuerza.
La organización también reconoció implícitamente la necesidad de combatir la delincuencia, pero sostuvo que la respuesta estatal debe mantenerse dentro del marco constitucional.
El reclamo al Gobierno de Abinader
Participación Ciudadana llamó al Gobierno del presidente Luis Abinader, y a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, a garantizar la protección de la población sin apartarse de las normas que regulan la actuación de los agentes del Estado.
Existe la necesidad de conciliar las políticas de persecución del delito con la protección de los derechos fundamentales.
Para la organización, el respaldo que puedan recibir determinadas actuaciones policiales entre sectores afectados por la delincuencia no elimina la obligación de investigar las muertes y determinar las circunstancias particulares de cada caso.
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