La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró este martes que el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta evidencia que la lucha contra la corrupción sigue enfrentando obstáculos estructurales en la República Dominicana.
La dirigente del capítulo nacional de Transparencia Internacional planteó que el resultado obliga a examinar si las debilidades se encuentran en la construcción de los expedientes acusatorios o en la valoración que realizan los jueces de las pruebas presentadas.
Las declaraciones de Blanco se producen días después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyera del proceso penal a Castillo y Peralta durante la fase preliminar del denominado caso Calamar, al concluir que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no eran suficientes para justificar su envío a juicio de fondo.
La decisión marcó un punto de inflexión en uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años, debido a que ambos exfuncionarios figuraban entre los principales imputados del caso.
Participación Ciudadana pide revisar el funcionamiento del sistema
Para la organización cívica, el fallo no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los acusados favorecidos, sino también como una oportunidad para evaluar el desempeño de las instituciones responsables de investigar y juzgar delitos de corrupción.
Blanco sostuvo que la decisión deja preguntas abiertas sobre la calidad de los expedientes preparados por los órganos de persecución y sobre los criterios utilizados por los tribunales para determinar si existen méritos suficientes para abrir un juicio.
Ministerio Público recurrirá la decisión
El Ministerio Público anunció que apelará los autos de no ha lugar emitidos a favor de Castillo, Peralta y otros imputados, al entender que el tribunal incurrió en una valoración incorrecta de pruebas relevantes, con lo que el debate se prolongará.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, adelantó que el órgano acusador buscará revertir la decisión mediante los recursos establecidos por la ley.
Aunque varios acusados fueron favorecidos con el no ha lugar, la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz dispuso la apertura a juicio contra 35 de los 40 procesados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward.
Ese elemento ha sido utilizado tanto por el Ministerio Público como por organizaciones de la sociedad civil para argumentar que el proceso judicial continúa y que aún resta una etapa decisiva para determinar responsabilidades penales.
Un fallo con impacto jurídico y político
Más allá de sus implicaciones procesales, la decisión ha generado repercusiones en el escenario político. Sectores vinculados al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) interpretan el fallo como una reivindicación de sus dirigentes, mientras que analistas y organizaciones cívicas advierten que el resultado obliga a revisar la efectividad de la estrategia estatal contra la corrupción.
El caso también ha reactivado la discusión sobre la diferencia entre las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y el estándar probatorio requerido por los tribunales para sostener una acusación penal en juicio.
Según los fundamentos divulgados del fallo, la jueza concluyó que no existían elementos suficientes para establecer una probabilidad razonable de condena contra Castillo y Peralta.
Presunta estructura de corrupción
El caso Calamar surgió en 2023 tras una investigación del Ministerio Público sobre una presunta estructura de corrupción que habría gestionado pagos irregulares y operaciones financieras que, según la acusación, provocaron pérdidas millonarias al Estado dominicano.
Desde entonces se ha convertido en uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político e institucional del país.
La resolución emitida por el tribunal supera las 3,400 páginas y será objeto de revisión en segunda instancia una vez se conozcan los recursos anunciados por el órgano acusador.
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