El sacerdote Rogelio Cruz pidió que el proceso judicial por la tragedia del Jet Set concluya con una respuesta acorde con la magnitud de lo ocurrido, al tiempo que destacó la necesidad de mantener el acompañamiento a los familiares de las víctimas del derrumbe, que dejó 236 personas fallecidas.
Durante una misa conmemorativa, el religioso señaló que la pérdida repentina de un ser querido requiere un proceso de apoyo emocional y humano que debe mantenerse más allá de las actividades religiosas y las fechas conmemorativas.
"Eso necesita un proceso de acompañamiento que tampoco se dice", expresó Cruz al referirse al impacto que representa perder a un familiar de manera inesperada y a las dificultades que enfrentan quienes deben continuar sus vidas después de una tragedia de esa magnitud.
El sacerdote explicó que, desde su labor pastoral, ha procurado mantenerse cerca de las personas afectadas, especialmente de aquellas que quedaron en situaciones de vulnerabilidad tras la muerte de sus familiares.
Como ejemplo, mencionó el caso de un niño que quedó huérfano y que ha recibido acompañamiento por parte de la comunidad religiosa.
"Son todas cosas que hemos ido acompañando y estando ahí detrás de ellos", manifestó, al destacar que la atención a los afectados constituye una parte importante de su compromiso sacerdotal.
Cruz también expresó su deseo de que el proceso judicial llegue hasta sus últimas consecuencias, con una actuación transparente de la justicia.
Su perspectiva sobre la justicia
Al ser consultado sobre el sistema judicial dominicano y el desarrollo del caso Jet Set, el padre Rogelio consideró que la justicia ha dado señales de que es posible examinar lo ocurrido desde una perspectiva que tome en cuenta la dimensión de la tragedia.
El religioso valoró que se haya abierto la posibilidad de considerar la magnitud de los hechos al momento de establecer las consecuencias judiciales, debido a la cantidad de víctimas mortales.
En ese sentido, recordó que anteriormente se había planteado una interpretación de las penas que contemplara dos años de prisión por cada una de las 236 víctimas, en lugar de considerar únicamente una sanción general.
A su juicio, las actuaciones judiciales representan una señal de que es posible avanzar hacia una respuesta que tome en cuenta las consecuencias del derrumbe.
Cruz sostuvo que el caso debe abordarse mediante una metodología que permita valorar las circunstancias y los daños ocasionados, al tiempo que insistió en la importancia de que la justicia responda a la magnitud de la tragedia.
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