La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que entregó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, el anteproyecto de ley orgánica que crea la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética (DIGITEG), y la Ley de regulación de los Conflictos de Intereses, iniciativas orientadas a transformar y fortalecer las competencias institucionales en materia de integridad pública, prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el Estado dominicano.

Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, explicó que esta propuesta forma parte de una agenda de reformas estructurales que buscan consolidar una institucionalidad moderna, con capacidades reales para prevenir riesgos, fortalecer la integridad pública y garantizar mayor confianza ciudadana.

“Estamos impulsando una arquitectura institucional más sólida, con reglas claras y con capacidad de permanencia. Estas iniciativas han sido trabajadas con rigor técnico y visión de Estado, y serán conocidas en la próxima legislatura, a partir del 27 de febrero, conforme al calendario constitucional”, afirmó Ortiz Bosch.

El anteproyecto de ley que crea la DIGITEG fue coordinado por Delta Paniagua, directora jurídica de la DIGEIG, con el acompañamiento del equipo jurídico de la institución. Bajo la asesoría del consultor internacional Richard Martínez, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con el acompañamiento de los consultores nacionales Boris de León y Luis Ernesto Peña.

La propuesta ha sido socializada y discutida con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), como parte de un proceso articulado de construcción institucional y fortalecimiento normativo.

De manera complementaria, la DIGEIG informó que se encuentran en proceso de entrega otros anteproyectos de ley fundamentales para el fortalecimiento del sistema nacional de integridad, entre los que se incluyen: las Leyes sobre Conflictos de Intereses en la Administración Pública y Gestión de Regalos u Obsequios; Protección al Informante, Víctima y Testigos en la Administración Pública; así como la actualización de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; y la ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales.

Ortiz Bosch subrayó que estas iniciativas responden a una política pública integral orientada a fortalecer la prevención, garantizar derechos ciudadanos y consolidar una cultura de integridad en la administración pública, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia, la integridad y el fortalecimiento institucional.

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