El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas recomendó al Ministerio de Defensa solicitar al Poder Ejecutivo la cancelación de los nombramientos de seis oficiales y un asimilado del Ejército de República Dominicana (ERD), señalados por su presunta participación en la alteración de certificados de cursos militares utilizados para cumplir los requisitos académicos exigidos para ascensos.
De acuerdo con la investigación, los oficiales habrían actuado en presunta complicidad con personal de la Dirección de Personal (G-1) y de la Dirección de Operaciones, Planes y Entrenamiento (G-3), alterando certificados de los cursos básico y medio de infantería para que fueran incorporados al sistema institucional como documentos válidos.
Los recomendados para la cancelación son los capitanes Alexander Alarcón Mirillo y Juan Manuel Mejía Santos; los primeros tenientes Ingrid Altagracia Marte Romano, Henry José Reyes Acosta y Pedro José Abreu Compres; además del asimilado militar David Brea Gonzales.
Oficiales rechazan las acusaciones
Algunos de los oficiales consultados por Acento rechazaron haber participado en las irregularidades y solicitaron una nueva investigación con participación de terceros independientes.
Afirmaron que nunca tuvieron acceso al sistema donde se registraban los certificados y señalaron que varios de los recomendados para cancelación llevan años prestando servicio en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), lejos de la dependencia donde operaba la plataforma bajo investigación.
"Pedimos una nueva investigación con la participación de terceros imparciales que permita establecer quiénes fueron realmente los responsables. La pesquisa anterior fue deficiente y pone en riesgo la carrera de oficiales con décadas de servicio", expresaron.
También sostuvieron que inicialmente fueron citados 24 oficiales, pero que solo seis fueron interrogados por la Dirección de Asuntos Internos, mientras otros supuestos involucrados quedaron fuera del proceso.
El caso
Uno de los casos señalados en los informes corresponde al primer teniente Pedro José Abreu Compres.
Según la investigación, en 2024 fue seleccionado para realizar un curso de formación de oficiales de servicios auxiliares, pero posteriormente habría sido retirado del listado. No obstante, más adelante su nombre apareció en el sistema como si hubiese completado la capacitación.
Durante los interrogatorios, el sargento Eddy Puello Peña declaró que el retiro del oficial del listado se produjo por instrucciones del entonces ayudante de la Dirección de Operaciones, Planes y Entrenamiento, capitán Joel Varias Trinidad.
Estado Mayor recomendó las cancelaciones
La pasada semana, los oficiales comparecieron ante el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, encabezado por el ministro de Defensa e integrado por los comandantes generales de las tres instituciones militares, viceministros e inspector general.
Tras escuchar sus explicaciones y evaluar el expediente elaborado por la Dirección de Asuntos Internos, el organismo recomendó la cancelación de sus nombramientos por considerar que existen elementos que los vinculan con las irregularidades detectadas.
El artículo 112 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que los ascensos militares requieren, entre otros requisitos, aprobar los cursos correspondientes al grado que se aspira.
Ejército amplía la investigación
En declaraciones a Acento, autoridades del Ejército informaron que la investigación continúa y que otros 17 oficiales permanecen bajo indagación.
Indicaron que durante la revisión del sistema han detectado certificados escaneados con nombres, datos y firmas de antiguos comandantes generales que presuntamente fueron alterados antes de ser incorporados como documentos auténticos.
Según explicaron, la investigación también busca establecer si existió complicidad de personal de Recursos Humanos para validar internamente esos certificados.
Las autoridades aseguraron que cualquier militar cuya participación sea comprobada será sancionado conforme a la Ley Orgánica 139-13 de las Fuerzas Armadas y los reglamentos disciplinarios.
Asimismo, revelaron que el Ministerio de Defensa dispuso extender las pesquisas a la Armada de República Dominicana y a la Fuerza Aérea para determinar si en esas instituciones también fueron incorporados certificados presuntamente falsificados al sistema de registro académico.
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