La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia Monte Plata “Monseñor de Meriño” interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la Presidencia de la República y la Fundación Macarrulla, con el objetivo de que se incluya al municipio de Boyá en la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo, la cual actualmente se realiza de manera exclusiva en Azua.
La entidad denunció que la decisión de concentrar las excavaciones en la antigua iglesia de Las Mercedes, en Azua, carece de sustento histórico y excluye sin justificación a Boyá, provincia Monte Plata, señalado por diversos historiadores como el último lugar de morada del líder taíno tras su acuerdo con la Corona española en 1533.
Búsqueda de Enriquillo en Azua
El abogado de la organización, Alberto Tavárez, afirmó que la búsqueda en Azua se apoya en una supuesta carta histórica que no ha sido localizada, pese a los esfuerzos de investigadores dominicanos. “Esa carta no aparece, y los demás historiadores del país la han buscado sin éxito”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la participación de la arqueóloga Kathleen Martínez, quien encabeza las excavaciones en Azua, señalando que abandonó investigaciones previas en Egipto para enfocarse en la localización de Enriquillo “en un lugar que no corresponde con la historia documentada”.
Si la historia recoge que el último lugar de morada de Enriquillo fue Boyá, ¿por qué insistir en buscarlo únicamente en Azua? No hay problema con que se explore en Azua, pero no se puede descartar a Monte Plata y al pueblo de Boyá, expresó Tavárez.
La acción de amparo también denuncia que el Programa de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia (Propeep) y la Fundación Macarrulla han asumido un rol protagónico en el proceso, a pesar de no estar contemplados en el decreto que creó la comisión oficial para la localización de los restos del cacique, sin que se haya transparentado el manejo de los recursos ni los criterios técnicos utilizados.
Las organizaciones sociales de Monte Plata sostienen que la exclusión de Boyá constituye una discriminación que vulnera los derechos históricos y culturales de la provincia, y advierten que esta marginación no puede justificarse por su condición económica ni por no estar ubicada en rutas turísticas prioritarias.
“De lo que se trata es de que prevalezca la verdad histórica y de que los derechos culturales de Monte Plata no sean vulnerados por ser una de las provincias más pobres del país”, enfatizó Tavárez.
Mediante la acción judicial, solicitan al TSA que ordene la suspensión de las excavaciones en Azua hasta que se establezca un protocolo científico avalado por el Ministerio de Cultura e instituciones especializadas, que incluya expresamente a Boyá en el proceso de exploración. De manera subsidiaria, piden que, si las excavaciones continúan en Azua, la búsqueda se realice de forma simultánea en el municipio de Boyá.
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